(EN NEWS)- La defensa del empresario de las Rutas 42 y 152, Catalino Miranda, manifestó ayer viernes, que están a la espera de que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador los convoque a una audiencia especial para solicitar las medidas sustitutivas a favor de su cliente.

El empresario del transporte público de pasajeros enfrenta tres procesos judiciales por los delitos de desórdenes públicos, resistencia y venta a precio superior o por subir el pasaje en sus unidades sin la autorización del Viceministerio de Transporte.

De los tres procesos, solo ha sido enviado a detención provisional por el delito de desórdenes públicos que según su abogado, Rolando Aparicio, no se configura, pues los vídeos que ilustran todo el proceso, no reflejan más personas que acompañen al transportista ocasionando desórdenes públicos.

En los otros dos procesos, los jueces Décimo y Séptimo de Paz ordenaron que continuara la fase de instrucción solo con el pago de una fianza de $5,000.

Sin embargo, Aparicio manifestó que se han sometido a las exigencias de la Cámara Tercera de lo Penal que ordenó ciertos arraigos o mecanismos de solvencia del empresario que no figuraban en la carpeta judicial para gozar de su libertad.

“Tanto el Juzgado Décimo de Paz como la Cámara dijeron que eran insuficientes los arraigos, en cuanto al arraigo laboral porque no se presentó la planilla del Seguro Social (ISSS), ni la constancia de aportaciones de AFP, y que en el arraigo domiciliar decían que faltaban declaraciones juradas de los testigos que dijeran que son sus vecinos y que ahí residen”, manifestó el abogado Aparicio.

También explicó que habían presentado como arraigos familiares, las escrituras de las viviendas, de 1997 a la fecha, a nombre de Miranda y los recibos de los servicios básicos.

Aparicio afirmó que todos esos documentos ya fueron puestos a las órdenes del Juzgado Tercero de Instrucción y que solo se encuentran a la espera de la fecha para la audiencia especial de revisión de medidas, “solo por el delito de desórdenes públicos”, remarcó Aparicio.

Todos esos requisitos han sido presentados como garantía de que el empresario no va a evadir la justicia ni va a obstaculizar el proceso, añadió.

“También se ha pedido la prueba que no se nos ha querido ver el Juzgado Décimo de Paz ni en la Cámara Tercera de lo Penal”, que consiste en los vídeos que ilustran el momento de la detención del empresario, señaló la defensa.