(EN NEWS)- El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana decretó la detención provisional contra 511 sujetos acusados por la Fiscalía General de ser pandilleros y colaboradores de estas estructuras criminales.

Los detenidos son acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, amenazas con agravación especial, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Tras el análisis de la prueba indiciaria presentada por el ente fiscal y ante la insuficiencia de arraigos laborales y personales mostrados por parte de la defensa técnica de los inculpados, el juzgado resolvió que las investigaciones continúen y los imputados permanezcan detenidos para garantizar su comparecencia en el proceso.

Todos fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción, por ser miembros activos de la organización terrorista denominada MS13, que operaban en diferentes puntos de la zona occidental del país. Los acusados se encuentran recluidos en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco, La Esperanza e Ilopango.

En otra audiencia pública celebrada este jueves, el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, ordenó la continuación del proceso sin ninguna restricción contra el imputado ausente Víctor Antonio E., a quien la Fiscalía acusa de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de Estación de Servicio San Cayetano, propiedad de la Sociedad Distribuidora Salvadoreña de Combustible S.A. de C.V.

La resolución fue emitida con la vista del requerimiento, en virtud que no fue posible citar al acusado por no residir en la dirección proporcionada y no pudo nombrar un abogado defensor.

El Ministerio Público detalló que el implicado era el encargado de llenar los documentos y hacer las remesas del producto que se vendía, el 21 de enero de 2022, los encargados de contabilidad enfermaron de Covid-19 y el sujeto dejó de entregar la documentación. El 7 de febrero que el equipo de los balances se reincorporó detectó que los cuadros de las ventas y las remesas no cuadraban.

El acusado ya no se presentó a trabajar y a través de una auditoría contable externa se determinó que había un faltante de $36,652.50, por lo que se interpuso la denuncia respectiva.