(EN NEWS)- Organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de la niñez y adolescencia pidieron al Estado salvadoreño, garantizar los recursos económicos para el funcionamiento de la Ley Crecer Juntos, ya que si no lo hacen crearía los mismos vacíos de la derogada Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia (Lepina).

La Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) aseguraron que el tema de los recursos económicos constituye uno de los principales desafíos a superar.

“Uno de los temores que se han expresado desde la aprobación de la ley, es los recursos, si bien es cierto está enunciado en la ley, realmente no hay una situación que garantice que el nuevo sistema, la nueva institucionalidad, las facultades y funciones que se le otorgan a esta institucionalidad, vayan a tener los recursos suficientes y necesarios”, afirmó Henri Fino, director de Fespad.

Añadió que si la ley carece de los recursos para su funcionalidad, los avances en materia de protección de derechos humanos en niños y adolescentes tendría un retroceso de 11 años.

Hay que ubicar la responsabilidad a dónde corresponde a cada uno, aquí hay una responsabilidad protagónica”, indicó Henry Fino, director de Fespad

Explicó que el rol para su funcionalidad también recae en la sociedad civil, sin embargo, enfatizó que implica una corresponsabilidad, de Estado, familia y sociedad civil.

“Hay que ubicar la responsabilidad a dónde corresponde a cada uno, aquí hay una responsabilidad protagónica clara”, reafirmó.

Por su parte, Georgina Villalta, gerente general de la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) coincidió que los recursos es el desafío principal, ya que en la nueva ley no se especifica el monto exacto para hacerla funcionar.

Votación de aprobación de Ley Crecer Juntos.

“No tiene un presupuesto específico, se ha dejado la obligación del Estado de invertir pública de manera progresiva, esa progresividad tampoco define un monto, de manera progresiva en primera infancia, niñez y adolescencia, principalmente en educación, salud y protección, estos son los primeros de manera progresiva…hasta el 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).”, dijo Villalta.

Pidió definir y etiquetar específicamente cuánto se va a invertir en la implementación de la nueva ley que sustituirá desde el próximo 1 de enero del 2023 a la ley Lepina.

“Lo que va a pasar es lo mismo que estaba pasando con el actual sistema, que los Comités Locales y Juntas de Protección estaban limitadas”, advirtió.

Las organizaciones afirmaron que es importante que la ley tenga los recursos para poder operativizar cada uno de los artículos de la ley, y que las nuevas instituciones creadas, atengan las herramientas necesarias para desarrollar sus trabajo territorial en materia de protección y prevención en derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Asimismo, mencionaron otros desafíos que la ley plantea y que serán fundamentales para el desarrollo de sus objetivos, entre ellos: cambiar las actitudes en los procedimientos  y apostar a la sensibilización de personas que tratan con niños y adolescentes.