(EN NEWS)- El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador decidió enviar a juicio a cuatro exfiscales y dos exempleados administrativos de la Fiscalía General de la República ligados al caso penal conocido como “Corruptela”, donde estaba involucrado el exfiscal general, Luis Martínez, por el delito de cohecho.

Los exfiscales enviados a juicio son: Edwin Geovanny Hernández, Damián Cabrera Bernal, Carolina Jeannette Manzano, Yesenia Carolina Aguilar  y los empleados administrativos, Marta Cecilia Colindres y Mauricio Alberto Aguilar.

Según la Fiscalía, los exfiscales cometieron los delitos de omisión en la investigación y privación de libertad por funcionarios o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, mientras que a los exempleados administrativos por el delito de peculado por culpa y falsedad documental agravada.

“Este día, el Juzgado Séptimo de Instrucción ha sostenido que existen los elementos fácticos y jurídicos suficientes para decretar el auto de apertura a juicio contra seis imputados”, afirmó la fiscal del caso.

Los empleados administrativos acusados de peculado habrían ayudado, según la acusación del ministerio público, al exfiscal general, Luis Martínez a que sustrajera unos $400,000 de la institución, mientras que los exfiscales a realizar una serie de irregularidades en contra de personas que posteriormente fueron judicializadas.

Será el tribunal de sentencia correspondiente el que va a conocer en el presente caso por los que se le apertura a juicio”, señaló el fiscal del caso.

La Fiscalía durante el proceso penal ha argumentado que hubo omisión al investigar hechos delictivos y archivaron diligencias sobre delitos cometidos, así como fabricar casos con documentos falsos, y les reprochó haber girado órdenes de captura ilegales promovidas por el empresario.

Según los fiscales, dentro de las víctimas está el abogado Mario Calderón, quien pasó 17 meses detenido ilegalmente, tras ser acusado por los exfiscales de extorsión en contra del empresario ligado al caso, Enrique Raís.

“Ahora el juez ha valorado, ha dado una resolución en donde ha valorado las pruebas presentadas por la Fiscalía, y ha determinado que existen fuertes indicios con probabilidad positiva que si se efectuaron esas prácticas de haberme decretado una detención ilegal, haberme sometido a un proceso penal ilegal en el que estuve detenido también”, dijo Calderón.

El juzgado ratificó para los seis imputados las medidas alternativas a la detención.