(EN NEWS)- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aseguraron que el nuevo sistema de solicitud planteado por Estados Unidos y México para el ingreso de venezolanos desplazados hacia territorio estadounidense es un “avance alentador” para facilitar la “migración segura”.

Así, señalaron que esperan obtener “más detalles” sobre la implementación de esta nueva medida, al tiempo que han destacado que estas vías “pueden ser esenciales para ofrecer alternativas a movimientos irregulares y peligrosos y una forma eficaz de promover un reparto equitativo de las responsabilidades”.

“El acceso a un territorio seguro para las personas que solicitan asilo es una piedra angular de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Derecho Internacional de los refugiados”, han recordado las organizaciones en un comunicado conjunto.

Pese a ello, la OIM, ACNUR y UNICEF han explicado que siguen “profundamente preocupadas” por las “continuas” restricciones de acceso al asilo que pesan sobre personas de distintas nacionalidades en virtud del Título 42.

De esta forma, hicieron un llamado a las partes a que pongan fin “urgentemente” a esta disposición, ya que muchas personas “sujetas a estas medidas desde marzo de 2020 han sido enviadas a comunidades fronterizas con importantes desafíos de seguridad, redes de apoyo limitadas y capacidades de alojamiento inadecuadas, lo que hace que su retorno a México sea peligroso e insostenible”.

El Título 42 es una disposición de salud pública impulsada por la anterior Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, que autoriza la expulsión colectiva de cualquier migrante y solicitante de asilo que intente cruzar las fronteras terrestres de Estados Unidos, sin una evaluación individual de sus circunstancias y necesidades de protección.

Bajo el acuerdo migratorio firmado entre las partes, Estados Unidos emitirá anualmente 24.000 visas de trabajo a venezolanos que lleguen al país en avión para incorporarse al mercado laboral estadounidense, para lo cual tendrán un plazo de dos años. Además, Washington podrá deportar a México a los venezolanos que hayan entrado de manera ilegal al país.

En cambio, México recibirá 65.000 visas para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20.000 estarán destinadas para personas de Centroamérica y de Haití. El resto serán para ciudadanos de procedencia venezolana.