EN NEWS)- Los oficiales retirados de la Fuerza Armada manifestaron su descontento ante la detención del exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García, y del exdirector de la extinta Policía de Hacienda, el coronel Francisco Antonio Morán, el pasado viernes 14 de octubre, quienes son acusados del asesinato de cuatro periodistas holandeses, un hecho ocurrido en 1982.

“Expresamos nuestra más enérgica protesta por la flagrante violación a los derechos humanos, que resulta de la arbitraria e injusta detención de los señores, general de división José Guillermo García y del coronel de infantería Francisco Antonio Morán”, dice un comunicado de prensa de los militares retirados.

Destacan que García actualmente es presidente del Tribunal de Honor del cuerpo de Generales Soldado Profesional y tiene 89 años de edad, mientras que Morán tienen 91 años. De ambos destacan que “cumplieron con el juramento a la Bandera para defender la Patria amenazada”.

Los militares retirados piden a los tres órganos del Estado, en especial al presidente de la República, Nayib Bukele, que “busque una solución definitiva a la injusta persecución contra miembros de la Fuerza Armada en situación en retiro”.

La semana pasada el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango giró cinco órdenes de captura en contra de exmilitares por el asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsesn, en un hecho ocurrido el 17 de marzo de 1982, en Santa Rita, Chalatenango, en una emboscada del batallón Atonal, de la Fuerza Armada de El Salvador.

La jueza ordenó la detención de García, Morán, pero también del coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien fungía como comandante de la Cuarta Brigada de Infantería de El Paraíso, Chalatenango, cuando se cometió el hecho, y quien actualmente vive en Estados Unidos. También del exsargento Mario Canizales Espinoza, y el coronel Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor Conjunto, los dos últimos ya fallecidos.

Los militares retirados reclamaron en su comunicado que “únicamente” los miembros de la Fuerza Armada “son perseguidos para someterlos a juicio por supuestos crímenes cometidos”.

“Dejando en total impunidad a los que en su afán de tomarse el poder de la vía armada, agredieron al Estado de El Salvador, cometiendo múltiples crímenes contra de la población”.

Pero también hay investigaciones abiertas en contra de la comandancia del FMLN, tal es el caso del secuestro de Armando Durán, ocurrido en Usulután, entre 1986 y 1987. Y aunque la primer parte de este caso ya concluyó con un juicio restaurativo, la Fiscalía aún tiene pendiente procesar a la dirigencia de la guerrilla que fue acusada del hecho.