(ENN) El máximo tribunal lo encontró culpable junto a otros seis ex funcionarios de desviar de las arcas estatales más de USD 300 millones. En consecuencia, Saca fue condenado también a responder civilmente por una suma superior a los $ 260.7 millones. El resto está distribuido entre los otros condenados.

La sentencia confirma la decisión penal de las dos instancias judiciales anteriores. Además, abordó la decisión de una Cámara de Apelaciones de suspender el reintegro de los fondos sustraidos. El tribunal había decidido en julio que la decisión debía ser tomada en el plano civil. Pero la Corte Suprema, como instancia final, determinó que debe hacerlo una vez emitido el fallo.

Los otros funcionarios afrontarán las siguientes condenas: el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, recibió cinco años en la cárcel y la obligación de reintegrar 8,3 millones; el exsecretario privado Elmer Charlaix, diez años de prisión y regresar 15 millones; mientras que el exsecretario de Juventud, César Funes, cinco años de cárcel.

Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado, y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, fue condenado a tres años de prisión por peculado.

Pablo Gómez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, también fue acusado de lavado de dinero y peculado pero no aceptó declararse culpable ni negoció con la fiscalía, por lo que decidió someterse al juicio ordinario y recibió una condena de 16 años de prisión. Rodríguez Arteaga deberá de regresar siete millones de dólares, Herrera tres millones y Gómez cinco millones.

Saca, de 54 años, gobernó el país de 2004 a 2009. Fue detenido el 30 de octubre de 2016, durante la boda de su hijo. El hecho catalizador fue la detección de una transferencia por más de USD 15 millones a la cuenta de su ex secretario privado Elmer Charlaix, enviado a juicio por enriquecimiento ilícito a mediados de ese mes.

Inicialmente Saca negó su culpabilidad y aseguró ser víctima de una persecución política. Pero luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, contó cómo creó desde el Ejecutivo el esquema para apropiarse de dinero público. En concreto, detalló el esquema para esconder dinero provenientes de varios ministerios en una cuenta reservada de la Casa Presidencial, conocida como partida secreta, la cual por ley no era susceptible de auditorías externas y se supone estaba destinada a pagar por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).

También explicó como ordenó a su secretario privado crear cuentas subsidiarias de la casa de gobierno para desde ellas sacar dinero a cuentas personales, y como con esos fondos financiaba sus propias empresas radiales, pagaba sobornos a periodistas y, a la postre, se construyó viviendas suntuosas en San Salvador y en playas del país.

De esta manera, Saca se convirtió en el tercer ex mandatario salvadoreño en ser procesado judicialmente por enriquecimiento ilícito o por desvío de recursos públicos durante su mandato. Los otros son Francisco Flores (1999-2004), quien murió de un derrame cerebral mientras estaba en arraigo familiar, y Mauricio Funes (2009-2014), el cual está asilado en Nicaragua.