(EN NEWS)- La “represión” del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en Nicaragua, con la expulsión o arresto de autoridades eclesiásticas, preocupa a la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF).

Las relaciones se deterioraron desde las protestas de 2018, que Ortega vincula con un supuesto fallido golpe de estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington.

“El régimen de Ortega muestra el más absoluto desdén por las organizaciones religiosas”, afirmó el martes el congresista republicano Mario Diaz-Balart durante una audiencia virtual organizada por la USCIRF, una entidad independiente y bipartidista establecida por el Congreso de Estados Unidos para vigilar, analizar e informar sobre las amenazas a la libertad religiosa en el exterior.

Este año el gobierno de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo expulsaron al nuncio Waldemar Sommertag, pusieron bajo arresto domiciliario al obispo Rolando Álvarez, y detuvieron a sacerdotes y seminaristas.

Situación crítica

La asociación Misiones de la Caridad, creada por Madre Teresa de Calcuta, fue ilegalizada y las monjas tuvieron que huir del país, donde las procesiones religiosas están prohibidas.

“La situación actual de Nicaragua es crítica y seguimos utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestro alcance para que se rindan cuentas por los abusos cometidos por el régimen y quienes lo apoyan”, afirmó Patrick Ventrell, director de la oficina para asuntos centroamericanos del Departamento de Estado.

Washington ha prohibido la entrada a cientos de nicaragüenses y sancionado a la industria aurífera, a través de la cual se financia el gobierno de Ortega.

Pero, según Ventrell, al mismo tiempo el gobierno de Joe Biden mantiene “canales abiertos de comunicación” y “sigue dispuesto a entablar negociaciones diplomáticas”. Por el momento “no han dado ninguna señal seria de que estén dispuestos”, añadió.

Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano recordó que la hostilidad de Ortega por la Iglesia católica no es nada nuevo.

“Lo que ha cambiado hoy es una tremenda obsesión de poder” que le ha llevado a disparar el presupuesto policial.

Hay más de 200 presos políticos bajo “acusaciones falsas” y casi medio millón de personas han emigrado en los últimos dos años, añade.

Para Irela Guevara, directora de la oenegé Outreach Aid to the Americas, el mayor cambio es que el gobierno puso en marcha un mecanismo para actuar contra la iglesia, “bajo la falsa declaración de que es terrorista”.

En septiembre Ortega afirmó que la Iglesia católica es una “dictadura perfecta” por no permitir que la mayoría de los católicos elijan al Papa, y tildó a los obispos y sacerdotes de “asesinos” y “golpistas” por haber apoyado, según él, las protestas en 2018.”La intención detrás de estos ataques es clara”, asegura Christopher Ljungquist, consejero para América Latina de la Oficina de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos.

“El régimen pretende aterrorizar a la iglesia, que ahora es la última institución independiente de la sociedad civil en el país para silenciarla a través de la violencia, el terror y el acoso institucional”, declaró.

“La represión es enteramente política y no religiosa”, insiste Ljungquist, que acusa al gobierno de haberse cubierto con “un manto de mesianismo político”, apropiándose de “la retórica y los símbolos de la Iglesia católica para sus propios fines”. Y de hostigar también a los evangélicos.