(EN NEWS)- El Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas convocó hoy al Estado Salvadoreño para que explicara en la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes suscritas por El Salvador.

Los miembros del Comité de las Naciones Unidas preguntaron a los funcionarios de Estado por cifras actualizadas sobre los fallecimientos en las cárceles, cómo se investigan las muertes de los detenidos, si el Gobierno tiene la capacidad para investigar y enjuiciar denuncias de torturas, cuáles son las medidas tomadas ante castigos corporales a menores, el papel de la institución de derechos humanos y datos estadísticos sobre el uso de la fuerza física y procedimientos especiales por parte del personal en las cárceles, entre otras preguntas.

También preguntaron sobre la falta de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y el estado actual del debate de una ley de justicia transicional que condene y sancione a los responsables.

Claude Heller preside el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, rindió un informe inicial al Comité en el cual aseguró que los principales vulneradores de derechos humanos en El Salvador son los grupos delincuenciales y que ejecutan desde junio de 2019 el Plan Control Territorial, frente a lo cual “la reacción” de las pandillas fue “en extremo violenta”.

Mencionó además que ante el alza de homicidios de marzo de 2022 la “respuesta” gubernamental fue el Régimen de Excepción, que “ha restringido únicamente los derechos necesarios para contener la situación alarmante de peligro público”.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.

Por su parte, el secretario jurídico de la Presidencia salvadoreña, Conan Castro, detalló que el anterior Procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, visitó el centro penitenciario de La Esperanza el 29 de junio de 2022 y el centro penal de Izalco el 11 de julio, y sobre lo encontrado en esos lugares publicó comunicados específico”.

Castro mencionó que organizaciones como la Alianza Global de Instituciones Locales de Derechos Humanos, Fernando Maduro Barbosa, de Brasil, Nadia Alejandra Cruz, de Bolivia, también visitaron las prisiones salvadoreñas. “Se ha dado una apertura real”, expresó.

El funcionario también dijo al Comité que la actual Procuradora de Derecho Humanos, Raquel Caballero de Guevara, ha tenido reuniones directas con el Presidente de la República, Nayib Bukele; con el ministro de Defensa, René Merino Monroy, con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y su gabinete de seguridad.

Por su parte, Manuel Merino, representante de la Procuraduría General de la República respondió que hay 251 defensores penales en todo el país y han contratado 40 nuevos defensores públicos penales.

El funcionario dijo que no hay quejas de falta de comunicación de los defensores con los imputados y que estos tienen libertad de decidir si optar por un defensor particular. Añadió que han recibido el refuerzo de más $1 millón para su presupuesto.

Mientras, René González, secretario de la Sala de lo Constitucional, se limitó a recordar que la nueva Sala emitió una resolución el 5 de enero de 2022 para invalidar el sobreseimiento de la Sala de lo Penal, en septiembre de 2020, en el caso de la masacre de los jesuitas y sus trabajadoras el 16 de noviembre de 1989.

Élmer Castro, representante del Ministerio de Justicia y Seguridad, junto a Manuel Merino, de la PGR, y René González, secretario de la Sala de lo Constitucional.

Luego, tomó la palabra Élmer Castro, del Ministerio de Justicia y Seguridad, quien recordó que la Sala de lo Constitucional definió a las pandillas como grupos terroristas, destacó la violencia que ejercían las pandillas en el país y recordó que los gobiernos anteriores negociaron con las pandillas y les dio beneficios para influir en las elecciones y apoyos políticos. “Eso no tiene cabida en esta administración”, dijo.

Castro dijo que “en reciente interacción con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos” le preguntó cómo la concepción de terrorismo se apega a la Constitución y “enumeró” que este concepto “debe cumplir tres elementos”, un medio letal, la intención debe ser causar miedo u obligar a un gobierno a hacer o abstenerse de algo y que el objetivo debe ser ideológico.