En vísperas al 28 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor y Pro Memoria Histórica, hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa y al presidente de la República, Nayib Bukele aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que incluya los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Eunice Vásquez

(ENN) En este contexto, las organizaciones defensoras de derechos humanos demandan a la Asamblea Legislativa en especial a la Comisión Política y su presidente, Mario Ponce: La instalación inmediata de un proceso de diálogo con las víctimas y organizaciones de derechos humanos para elaborar el proyecto de Ley que deberá promulgarse antes del próximo 28 de febrero.

En igual sentido, también piden que, de forma urgente, acepte el ofrecimiento formal de acompañamiento a este proceso que ha hecho la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH.

Al Fiscal General de la República, Raúl Melara: Asumir íntegramente su rol constitucional, actuar con celeridad y
diligentemente a las investigaciones sobre graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Lo cual implica dotar de mayores recursos humanos y financieros a estos procesos, además brindar el respaldo político a los agentes fiscales responsable de estos casos y que active de inmediato la política de persecución penal, que adoptó el 10 de diciembre de 2018.

También pidieron al Presidente de la República, Nayib Bukele que ordene de inmediato la localización, acceso y reconstrucción de los archivos e información sobre el conflicto armado, especialmente la que está en poder de las Fuerza Armada, a fin de dar soporte a las investigaciones judiciales o administrativas correspondientes.

Asimismo, le demandan abrir una mesa de diálogo permanente con las organizaciones, especialmente con las víctimas, con el objetivo de articular los programas de reparación integral que se deben impulsar. Además, piden que se brinde amplio respaldo a las comisiones de búsqueda – CNB y CONBUSQUEDA– a fin de que éstas puedan avanzar significativamente en sus investigaciones.

Al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, que asuma su mandato constitucional y verifique el proceso legislativo que se lleva a cabo, atendiendo los criterios jurisprudenciales de la PDDH, los parámetros dictados por la Sala de lo Constitucional y los estándares internacionales sobre justicia transicional.

Hicieron un llamado especial a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático acreditado en el país y a la cooperación internacional, que continúe acompañando los esfuerzos de justicia, paz y democracia en El Salvador.