Fuente: Agencias

(EN NEWS) – El 27 de marzo se registró un incendio en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el noroeste de México. El incidente provocó la muerte de al menos 40 migrantes que se encontraban en el interior del centro de detención en Ciudad Juárez, dirigida por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Hasta el momento el presidente de México, Manuel López Obrador, no ha dado explicaciones claras del fatal incidente y solo han capturado a un migrante al que acusan de provocar el incendio, pero detrás de esta tragedia hay mucha “tela que cortar” donde el gobierno mexicano está involucrado.

Soraya Vázquez, subdirectora de Al Otro Lado, aseguró que los agentes de inmigración mexicanos falsifican la firma de los migrantes en documentos que los obligan a regularizar su situación migratoria o a salir de México.

Durante su participación en Entre Amigos, programa de Conexión Migrante, la activista y especialista en migración Soraya Vázquez dijo que “tenemos conocimiento de que quien los firma o falsifica de alguna manera la firma son los propios agentes de inmigración”.

Un hecho trágico desató una ola de críticas contra el gobierno mexicano. Los migrantes fallecidos son de Guatemala, Honduras, Colombia, Venezuela y El Salvador. Otras 28 personas se encuentran hospitalizadas, muchas de ellas en estado de gravedad.

Pese a los señalamientos, las autoridades mexicanas culpan a los migrantes por quemar colchonetas dentro de una de las celdas de la estancia, que por años ha tenido una serie de irregularidades expuestas por los organismos en defensa de los migrantes y que han sido omitidas por el gobierno.

La subdirectora de Al Otro Lado comunicó que hay registros que evidencian las condiciones deplorables en las instalaciones. La Fiscalía General de México emitió una orden de captura contra un migrante que supuestamente inició el fuego.

Soraya Vásquez.

El 31 de marzo, una publicación de la Prensa Asociada reveló que el abogado Jorge Vázquez Campbell presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el responsable de INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, por supuestamente haber dado la orden por teléfono de no abrir la celda donde se encontraban los migrantes.

Periodistas consultaron en conferencia sobre este hecho a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero Rosa Icela Rodríguez,  del INM se limitó a decir que es parte de la investigación y que no habrá impunidad para nadie.

Un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México publicado en 2019 indica que la capacidad máxima para este centro es de 60 personas, lo que significa que el reducido espacio donde había 68 migrantes ese lunes ya estaba aglomerado. “Esa obsesión [de reprimir] es la que conduce la política migratoria. En México, la detención es sistemática y no una excepción a la regla, como respuesta a la presión de Estados Unidos, que pide que se aleje a los migrantes de la frontera”, insistió la subdirectora Vázquez y destacó las políticas de expulsión exprés.

Los gobiernos de Estados Unidos y México dicen “que privilegian supuestamente una migración ordenada y segura, pero en el centro de esas políticas no se coloca la integridad ni la seguridad de los migrantes. Estas se desarrollan en torno a sus preocupaciones”, Soraya.

“Si la figura del asilo de Estados Unidos ya se hubiera restablecido, como tiene que ser, con un debido proceso y reconociendo el derecho de todas las personas de solicitar asilo, esto no habría ocurrido”, manifestó la subdirectora.

Para la subdirectora de la organización Al Otro Lado, Soraya Vázquez, solo la condición de ser migrante es un flagelo para cualquiera en México. La especialista compartió a la prensa que, entre los 40 migrantes detenidos en la estación migratoria, se encontraba una persona con visa por razones humanitarias, pero que fue retenida solo por caminar con el grupo que luego fue afectado por el incendio.