Fotos cortesía de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”

(EN NEWS) – Los técnicos de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, realizan la tercera etapa de exhumaciones de la masacre del Sumpul, perpetrada por elementos del ejército en 1980, en la zona conocida como Plan de Las Aradas, caserío Las Aradas, del cantón Yurique en Ojos de Agua, Chalatenango.

Desde el sábado 24 de abril, las autoridades excavan en un pozo de esa zona, donde testigos de la masacre señalaron que depositaron los restos de las víctimas, meses después de ocurrido el crimen.

“Se recogieron muchos huesos, muchos meses después, ya que era imposible entrar al lugar y se llevaron en costales a este pozo y ahí se depositaron. Uno de  los testigos va a señalar el lugar y se va a buscar restos de las víctimas de la masacre”, aseguró el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal “María Julia Hernández”.

En la exhumación trabaja la unidad forense del Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Juzgado que lleva el caso, los acusadores particulares y los familiares de las víctimas.

En 2021, en otro pozo de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, encontraron a las primeras víctimas de la masacre de El Sumpul que fueron identificadas y entregadas el año pasado a sus familiares.

El informe de la Comisión de la Verdad estableció que el 13 y 14 de mayo de 1981, aproximadamente 300 personas del caserío Las Aradas, cantón Llano Largo, de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, fueron asesinadas por soldados del destacamento militar número 1, miembros de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN).

Realizan excavación.

La Comisión también indica que la masacre fue posible porque las Fuerzas Armadas hondureñas impidieron el paso de los pobladores de Las Aradas que buscaban huir hacia el vecino país.

Al menos 600 refugiados murieron. Tanto El Salvador como Honduras negaron su responsabilidad por el incidente. En 1993, la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas describió el incidente como una grave violación del Derecho internacional.

El año pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango tomó el testimonio de cuatro personas, familiares de víctimas, por primera vez.

Río Sumpul, límite ronterizo entre E Salvador y Honduras.

Según el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, el proceso judicial ha sido difícil porque data de 1992, en ese entonces, se hicieron algunas exhumaciones “sin planificación y sin voluntad del gobierno”.

Posteriormente, no se hizo más en el caso. “Lo que hizo el juzgado fue archivar los datos; hubo una última diligencia que fue una comisión rogatoria a Honduras, realizada por la Corte suprema de El Salvador a para poder buscar lugares de enterramiento en ese país, pero esas diligencias, lo hemos estado hablando con las personas del tribunal y se extraviaron”, indicó Alejandro Díaz.

La masacre del Sumpul​ tuvo lugar en Chalatenango, durante la Guerra Civil salvadoreña. El 13 de mayo de 1980, la Fuerza Armada lanzó una ofensiva para desbaratar las actividades del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

A 43 años de esta masacre, los familiares de las víctimas exigen que se procese al Alto Mando de la Fuerza Armada de la época y a los responsables intelectuales de uno de los asesinatos colectivos más grandes que tuvo El Salvador en la época de conflicto armado.

El Estado salvadoreño hizo oficial el número de víctimas 36 años después de la masacre y las elevó a 1,658 al tomar en cuenta a los familiares de los asesinados, a los sobrevivientes y a los desplazados.​

Se considera no solo el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes gubernamentales, durante la Guerra Civil de El Salvador, sino también la peor masacre del Hemisferio Occidental en tiempos modernos.