(EN NEWS) – En el caso “Tregua”, contra el expresidente Mauricio Funes, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, seis testigos propuestos por la Fiscalía General, declararon sobre las actividades  que se realizaron dentro de los centros penitenciarios, como parte del acuerdo con las pandillas.

Cinco eran testigos con régimen de protección claves “16”, “10”, “2”, “17”, “4” y uno fue Óscar Armando Arévalo, el entonces subdirector de seguridad del centro penitenciario de Izalco.

Entre los otros cinco testigos, estaba un exempleado del mediador de la Tregua, Raúl Mijango, otro testigo, y los demás eran subdirectores de seguridad de los penales de Zacatecoluca, Quezaltepeque, y Ciudad Barrios, en la época.

El subdirector de seguridad del penal de Izalco afirmó ante el juez que, entre el periodo del 2010 al 2015 se cometieron actos ilícitos, entre ellos el ingreso de la comisión mediadora con maletines, nombrada supuestamente por el Gobierno.

El testigo también dijo que los mediadores que integraban esa comisión del gobierno y que entraban sin pasar registros eran: Raúl Mijango, el obispo castrense, Fabio Colindres y el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Juan Roberto Castillo Díaz.

“Era un grupo de personas particulares que estaban avaladas por la Dirección General de Centros Penales…se reunían al interior de los sectores 1 y 2”, añadió el testigo.

Raúl Mijango.

De igual forma, el testigo con clave “4”, un custodio, relató cómo en el centro penitenciario de Izalco, los mediadores ingresaban sin registros de los custodios, aunque sí por arcos de seguridad de metales.

Asimismo, se permitía la salida de internos y cabecillas a otros centros penales para reunirse con otros pandilleros a fin de disminuir los homicidios. Explicó que los jefes de las pandillas que salían a reuniones a otros centros penales, eran en grupos de tres, siete y hasta 12.

Otra irregularidad era el ingreso de personas sin control ni registro a visitas íntimas, el ingreso de discomóviles a fiestas, y el ingreso de mujeres a “pornofiestas”.

ambién relató que se hacían requisas simuladas y retiros de máquinas de información.

En cuanto a las requisas explicó que se realizó una vez, en donde se encontraron 50 teléfonos celulares, pero que luego les fueron devueltos a los reos, y en cuanto a la extracción de máquinas como computadoras eran para eliminar material de videoseguridad, entre otros.

Los fiscales del caso preguntaron al testigo quién ordenaba las actividades ilícitas, el testigo respondió: “Las jefaturas de Dirección General de Centros Penales….el director del centro, el director general de centros penales, el señor ministro y con autorizaciones del señor presidente (Mauricio Funes)”.

Aseguró que los pandilleros tenían beneficios como teléfonos celulares, manos libres y cargadores, que eran ingresados por la comisión de mediadores en maletines, afirmó el testigo.

Añadió que en una ocasión, en el 2012, el mediador conocido como “padre Toño” ingresó un saco de boxeo con ilícitos, entre ellos, dos pistolas 9 milímetros y granadas.