Redacción: Alejando Martínez

(EN News) – Este martes la fiscalía general demandó ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, de Santa Tecla, al dirigente de ARENA y exdiputado Roberto d’Aubuisson, su esposa y dos hijos, por $992,699.52.

En un video, en la red X, los fiscales del caso, señalan que Roberto d’Aubuisson es demandado por 26 irregularidades que no pudo subsanar ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuando fue diputado en el periodo del 2012 al 2015, y cuando fungió como alcalde de Santa Tecla del 2015 al 2021.

Las irregularidades suman $45,465 de cuando fue diputado de ARENA; asimismo, se demandan otras  13 irregularidades en el periodo del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018 cuando fue alcalde que suman $363,716.0.

También en su segundo periodo como alcalde del 1 de mayo del 2018 al 30 de abril del 2021, por cuatro irregularidades con un total de $41,670, que sumaría un supuesto enriquecimiento ilícito de $480.851.01.

También la demanda incluye a su esposa Jackeline Jannethe López de d’Aubuisson, y sus dos hijos: Johana d’Aubuisson López y Roberto José d’Aubuisson López.

En el caso de su esposa se le cuestiona 24 irregularidades, seis de cuando d’Aubuisson fue diputado por $179,363.09M siete irregularidades del primer periodo como alcalde por $206,006.33, y 11 irregularidades del último periodo como jefe edilicio de $128.059.19, que hace una suma de supuesto enriquecimiento ilícito de $513,428.64.

A la hija, Johana d’Aubuisson López, la fiscalía le cuestiona un presunto enriquecimiento ilícito de $12.939.87, por ocho irregularidades, seis de cuando su progenitor era diputado por una cantidad de $7,277, y dos irregularidades de cuando su papá fue alcalde por una cantidad de $5,662.87.

Mientras que, a su hijo, Roberto José d’Aubuisson López, le cuestiona que en el periodo en el que su papá ejerció como alcalde por $10,300, y también dos irregularidades de $5,180, que hace un monto total reclamado de $15,480. La Fiscalía pidió en su demanda que sea condenado a retribuir al Estado lo supuestamente enriquecido, asimismo, que sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.