Por Alessia Genoves

(EN News)— Con 66 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó el Dictamen No. 14 de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, que contiene la “Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial”.

La ley busca establecer un marco jurídico e institucional para el diseño, implementación y ejecución de políticas de integración enfocadas en la disminución de la violencia y de la pobreza, a través del desarrollo de iniciativas sociales integradoras (Art. 1).

Se establece la Dirección de Integración como entidad rectora, que recibirá $30 millones para la Fase VI del Plan Control Territorial (PCT) y se le designarán $416.5 millones de inversión pública total en el periodo de vigencia del PCT (Art. 3). Tendrá entre sus funciones generar programas para disminuir la violencia y pobreza; facilitar la integración de actores sociales; y emitir normas para implementar políticas del PCT (Art. 4).

El PCT y pormenores

El anuncio de la Fase VI del Plan Control Territorial llega luego de que el titular de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informara de más de 480 días sin homicidios durante la actual gestión. La inversión pública total en el PCT ascendería a $416.5 millones entre 2019 y 2023, luego de que se aprobara la inyección de $30 millones para su Fase VI mediante la recién aprobada ley.

Pero durante la vigencia del Régimen de Excepción, que inició en marzo de 2022, organismos sociales acumulan 7,974 denuncias por supuestas detenciones arbitrarias. La ex Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, no ha divulgado un informe al respecto. Pero el ex Procurador Apolonio Tobar indicó que varias denuncias eran repetidas. Más de 7,000 personas han sido liberadas tras ser detenidas durante el Régimen de Excepción, según las organizaciones sociales; además de un registro de más de 150 muertes en Centros Penales.

La nueva institucionalidad

La recién aprobada Ley del Sistema Nacional de Integración Fase VI del Plan Control Territorial establece un marco jurídico e institucional para diseñar e implementar políticas sociales para disminuir la violencia y la pobreza, mediante la integración social (Art. 1).

Se crea la Dirección de Integración como entidad rectora, que recibirá los $30 millones anunciados para la Fase VI del Plan Control Territorial (PCT) y tendrá un presupuesto de $416.5 millones en total (Art. 3). Entre sus funciones está generar programas para reducir violencia y pobreza; facilitar la integración social; y emitir normas para ejecutar el PCT (Art. 4).

La estructura de la Dirección de Integración contempla al director general, nombrado por el presidente del Consejo (Art. 6); el Consejo conformado por 5 miembros, presidido por nombramiento presidencial (Art. 9); el auditor interno (Art. 15); y una división de seguimiento y evaluación (Art. 23). El director propondrá planes operativos, reglamentos y presupuesto anual al Consejo (Art. 7). El Consejo tendrá entre sus facultades aprobar los planes estratégicos y el presupuesto anual (Art. 13).

La Ley declara en proceso de disolución al INJUVE en 6 meses (Art. 25), por lo que la Dirección de Integración absorberá sus funciones (Art. 26), activos, pasivos (Art. 27) y presupuesto (Art. 29). También se transfieren las obligaciones laborales con el personal del INJUVE (Art. 28). La ley faculta al Presidente de la República para emitir los reglamentos de aplicación de la ley (Art. 30) y esta entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial (Art. 33).