(EN News)- En el marco del 8 de marzo, día en que se conmemora la lucha histórica de las mujeres por sus derechos, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, celebraron el acto de premiación de concurso de Fotografía: “Historias de Fortaleza y Resiliencia de mujeres y personas LGBTI, en defensa
de los derechos”.

El certamen se realizó en el marco del proyecto “Protegiendo, promoviendo y fortaleciendo mujeres y personas Lgbti, defensoras de derechos humanos en El Salvador”. Su principal propósito es honrar el compromiso de los y las defensora de derechos humanos, a través de una galería fotográfica que ilustra parte de sus aportes a nivel local y nacional.

En la ceremonia se entregaron diplomas de reconocimiento a las personas participantes y se otorgaron premios y reconocimientos en efectivo a tres profesionales que ganaron el certamen. Ellas son Jessica Xiomara Orellana de Chicas (primer lugar); Menly Jazmín Cortez (2do lugar); y Daniela del Carmen Mejía (tercer lugar); todas ellas, a criterio del jurado calificador, presentaron las fotografías que mejor capturaron la esencia de la labor de defensoría.

Previo a la premiación, se desarrolló un conversatorio sobre el rol de las organizaciones feministas en la defensa de los derechos humanos y los aportes de la perspectiva de género en las políticas de desarrollo y superación de la pobreza.

Las mujeres defensoras de derechos humanos han enfrentado y continúan afrontando desafíos significativos en su
búsqueda por la justicia y la igualdad. A pesar de las amenazas, la violencia y la discriminación, continúan aportando para atender y superar diferentes problemáticas sociales, como la violencia de género, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la protección del medio ambiente y la justicia social, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirma que toda persona que, de cualquier forma, promueva o procure la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional, debe ser considerada como defensora de derechos humanos.

En El Salvador, hay una deuda pendiente con la protección de personas defensoras, pues no se cuenta con una ley específica para facilitar su protección y funciones.

Pese a ello, cientos de mujeres desempeñan este rol transcendental a nivel local, comunitario, nacional y regional frente a un contexto donde imperan las desigualdades, la exclusión para amplios sectores de la población, el machismo e insuficientes políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres y personas LGTBI.

En tal sentido, es imprescindible contar con el compromiso del Estado mediante, programas y estrategias para dar cumplimiento a las Ley Especial Integral para una Vida de Libre de Violencia para las Mujeres, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, entre otras normativas y medidas orientadas a eliminar las desigualdades en materia social, cultural y económica que afectan a las mujeres en el curso de vida, especialmente a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. También es preciso contar con datos estadísticos públicos y oportunos que faciliten el monitoreo y evaluación del accionar de las instituciones y permitan la toma de decisiones en materia de educación, empleo, protección social, corresponsabilidad social de los cuidados, salud, economía y participación política, como elementos indispensables de la equidad de género.

En el ámbito cultural, es necesario difundir campañas contra el machismo que potencia el riesgo feminicida de violencia contra las mujeres; fortalecer y dar a conocer los servicios preventivos y de atención que respondan oportunamente a la situación de violencia contra las mujeres, donde quiera que esta ocurra; fortalecer las unidades de género y de atención especializada de las instituciones llamadas a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, a la educación inclusiva y no sexista, al empleo digno y a la salud integral, entre otros derechos negados todavía para las mujeres
salvadoreñas.