Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—Más de 50 organizaciones defensoras del agua, los ecosistemas y el medio ambiente en general, exigieron a las autoridades este viernes la liberación de algunos de sus miembros que aparentemente fueron detenidos y señalados de tener vínculos con pandillas y participar de las actividades de estas estructuras, lo que aseguran es completamente falso.

Miembros de la organización de la Comunidad Santa Marta, explicaron que hace varios meses más de 5 personas que formaban parte de Santa Marta y ADES fueron aprisionados supuestamente por pertenecer a pandillas o colaborar con estas, pero las entidades aseguran que dicha acusación es totalmente falsa, pues lo único que los involucrados hacían era luchar por el cuidado del medio ambiente y la prohibición de la minería, actos que se presume incomodaron a las autoridades del país por lo que decidieron arrestarlos y acusarlos sin fundamentos.

A causa de esto, varias organizaciones han luchado y buscado que los atrapados sean liberados y se demuestre su inocencia, no obstante, el proceso legal de los 5 afectados ha avanzado, siendo anunciado en las últimas horas por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que el caso de los líderes ambientalistas pasó a vista pública.

Este anuncio no fue de agrado para las organizaciones ya que manifiestan que no hay pruebas que demuestren que los líderes estén implicados o hayan cometido los delitos que se les atribuye, por lo que aseguran que la acción representa una violación a la justicia y al proceso legal que atraviesan los imputados.

Las instituciones, también mencionaron que se presentaron 2 recursos de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque, recursos que pretenden corregir este error del sistema judicial y revertir el abuso cometido contra los defensores del agua. De igual forma, exigieron a los altos mandos que se le de fin a la instrumentalización de la justicia para perseguirlos penalmente.

Al mismo tiempo, señalaron que la Cámara debe tomar en cuenta que según la legislación aplicada a este caso, lo supuestos delitos ya prescribieron. También debe considerar la exención de la acción penal establecida en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.

Finalmente hicieron un llamado a las embajadas, organizaciones y defensores del agua y el ecosistema internacionales ha estar atentos de los sucesos de la nación salvadoreña y demandar el cese de la criminalización de activistas ambientales, las crecientes restricciones al ejercicio del espacio cívico y la manipulación del derecho penal y la justicia transicional para hacer persecución política.