Por Alessia Genoves

Nercy Patricia Montano de Martínez es acusada de retener cuotas laborales por un monto de $387,000 dólares, durante su administración como alcaldesa del municipio de Soyapango. La Fiscalía General de la República (FGR) informó el proceso penal en su contra avanza al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, para avanzar a la última etapa, que se acumula a la multa adquirida de $912.51 impuesta por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por promover a familiares en la administración pública.

Acusaciones penales

La FGR ha logrado avances significativos en el proceso contra Montano y otros cuatro imputados. El Juzgado 1° de Instrucción de Soyapango evaluó pruebas que incluyen testimonios e informes periciales, revelando gastos injustificados y falta de transparencia en la gestión de fondos municipales.

Los coacusados son Ruth Raquel Aguilar de Montano, Francisco Antonio Henríquez Molina, Salvador Orlando Montano Méndez, y Ricardo Arturo Roque Baires. Se les imputan delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, violación de condiciones laborales, negociaciones ilícitas y actos arbitrarios.

Ricardo Arturo Roque Baires enfrenta cargos adicionales por obtener ilegalmente un contrato municipal de $187,530.012 y por falsedad ideológica al presentar documentación fraudulenta para beneficiarse económicamente.

Infracciones éticas

El TEG emitió la resolución 31-D-22, multando a Montano con $912.51 por infringir el artículo 5 letra c) de la Ley de Ética Gubernamental. La sanción se desglosa en $608.34 por nombrar a su primo como Director de Asuntos Estratégicos y $304.17 por designar a su cuñada como Tesorera Municipal.

El fallo subraya que Montano, como alcaldesa, debía abstenerse de intervenir en asuntos que involucraran a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El TEG determinó que actuó dolosamente al participar en estos nombramientos, justificando así la sanción impuesta.

Contexto financiero de Soyapango

Las acusaciones contra Montano se centran en la apropiación indebida de $387,042 en cuotas laborales, afectando a 1,850 empleados municipales, según datos de la FGR y el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Soyapango (Sitmusoy).

El presupuesto municipal de Soyapango para 2022 era de $35,193,126.43, con $18,463,786.81 destinados a remuneraciones. Sin embargo, se detectaron irregularidades en su ejecución. El ex alcalde Pablo Álvarez señaló que Montano asignó $850,000 para festividades, superando los $703,355.12 aprobados por el Concejo Municipal.

Además, se destinaron $5.4 millones al “Plan Guardián Soyapango” de videovigilancia, excediendo significativamente los $2,610,300 presupuestados para vigilancia y el $1,000,000 para alumbrado público.

El Presupuesto General de la Nación 2023, aprobado por la Asamblea Legislativa, asignó $51,567,154 a Soyapango y $455,904,745 para apoyos municipales generales. Se estableció un fondo de $1,500,000 para saldar deudas municipales con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por retenciones salariales no pagadas. No obstante, el Concejo Municipal aún no ha publicado el presupuesto detallado de Soyapango para 2023, incluyendo el saldo pendiente de $387,042 por impagos salariales.