Redacción: Isaac Ramírez

(ENNews)- El Tribunal de Sentencia de San Vicente llevará a cabo un nuevo juicio en febrero de 2025 contra ocho personas acusadas de la muerte de una mujer durante el conflicto armado en El Salvador, según informó la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de Santa Marta. Esta decisión ha generado controversia, ya que se considera que podría vulnerar derechos fundamentales de los acusados.

La vista pública se realizará del 3 al 6 de febrero de 2025, marcando un nuevo capítulo en este caso que ha despertado amplio debate sobre los límites del sistema judicial en casos relacionados con hechos históricos.

ADES ha señalado que reabrir el juicio representa una violación al principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, afectando el debido proceso y sentando un precedente preocupante en la justicia salvadoreña. Por su parte, Saúl Agustín Rivas, uno de los imputados, reiteró que solicitarán la prescripción del caso, argumentando que no cumple los criterios legales para ser clasificado como crimen de lesa humanidad o de guerra.

“Seguiremos insistiendo en que el caso debe prescribir porque, desde nuestro punto de vista y el de nuestros abogados, no reúne los requisitos establecidos en la ley”, declaró Rivas, quien además afirmó contar con pruebas que demostrarían que él y los otros acusados no se encontraban en el lugar de los hechos.

Asimismo, Rivas expresó confianza en que la defensa presentará los elementos necesarios para probar la inocencia de los procesados durante el próximo juicio. “Vamos a enfrentar este proceso como cualquier otra audiencia, demostrando nuestra inocencia con los recursos que tenemos”, añadió.

Por otro lado, ADES Santa Marta ha instado a los jueces a actuar con imparcialidad y dictar un fallo absolutorio, señalando que la repetición del juicio responde a presiones externas más que a un análisis legal sólido.

El nuevo juicio fue ordenado tras una apelación presentada por la Fiscalía General de la República ante la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque, cuestionando la resolución inicial del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que llevó el primer proceso judicial en este caso.