Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado sentencia a miembros de una estructura criminal

Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—En un fallo contundente, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ha condenado a Bernard Alexis Umaña Mira a 86 años de prisión por su participación en una serie de delitos graves, incluyendo homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas. Esta sentencia se enmarca en un caso que revela la complejidad y la violencia de las estructuras criminales que operan en el país.

Junto a Umaña, Dalia Vildad Castro Hernández fue condenada a 16 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y de activos, así como por su vinculación con agrupaciones ilícitas. La estructura criminal, que operó entre 2015 y 2017, estaba compuesta por un total de 75 personas, tanto civiles como pandilleros, y se dedicaba a despojar a las personas de sus bienes e inmuebles, los cuales eran posteriormente comercializados para financiar a la pandilla 18, específicamente a la facción conocida como “revolucionarios”.

Las atrocidades cometidas por esta organización no se limitaron al robo; las víctimas que se negaban a abandonar sus hogares eran asesinadas, lo que evidencia la brutalidad y el control que ejercían sobre la población.

Además de Umaña y Castro, otros miembros de la estructura también enfrentaron condenas. José Alexander Melgar, Juan Carlos Menéndez Guevara y Edith Saavedra de Hoyos recibieron penas que oscilan entre 3 y 12 años, reflejando la gravedad de sus acciones dentro de la organización.

En otro caso relacionado con el crimen organizado, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a Medardo Antonio Cerna a ocho años de prisión por tráfico ilegal de personas. Cerna fue detenido el 13 de septiembre de 2022, cuando transportaba a cuatro adolescentes, dos de nacionalidad salvadoreña y dos hondureña, quienes intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Cada uno de ellos había pagado $11,000.00 por el viaje, lo que pone de manifiesto la explotación que sufren los migrantes en su búsqueda de mejores oportunidades.

Estos casos subrayan la lucha constante del sistema judicial salvadoreño contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y protección para la población. La condena a los miembros de estas estructuras criminales es un paso importante hacia la justicia, aunque el camino por recorrer sigue siendo largo y complicado.