Claudia Ortiz pide interpelación del ministro de Obras Públicas por colapsos en Los Chorros

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, presentó este miércoles una solicitud ante la Asamblea Legislativa para que se inicie un proceso de interpelación al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.

La petición surge a raíz de los recientes incidentes ocurridos en la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, donde se han producido derrumbes y accidentes que han comprometido la seguridad de la obra y de los ciudadanos.

Ortiz señaló que su solicitud responde a la preocupación generada por los deslizamientos registrados los días sábado 26 y martes 29 de abril de 2025, los cuales provocaron el cierre total de la vía en ambos sentidos, interrumpiendo el tráfico entre San Salvador y el occidente del país. Además, recordó el trágico colapso de una estructura metálica en diciembre de 2024, un hecho que dejó como saldo tres trabajadores muertos y varios lesionados. Estos eventos, aseguró, evidencian fallas graves en la planificación, supervisión y ejecución de la obra.

El proyecto en cuestión es la construcción del viaducto y ampliación de la carretera Panamericana en la zona de Los Chorros. Con una inversión superior a los $300 millones, la obra está a cargo de la empresa surcoreana Dongbu Corporation y cuenta con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la República de Corea. La ampliación incluye la construcción del viaducto Francisco Morazán —de 32 metros de altura y ocho carriles—, y la extensión de la vía desde Las Delicias hasta el desvío a San Juan Opico.

Sin embargo, la diputada Ortiz expresó que persisten serias dudas sobre la seguridad del proyecto, cuya información técnica ha sido declarada en reserva por el Ministerio de Obras Públicas. Para esclarecer estas inquietudes, propuso una serie de interrogantes que el ministro Rodríguez deberá responder en una eventual interpelación.

Ortiz quiere saber qué estudios geotécnicos se realizaron antes de aprobar el diseño de la obra, especialmente en lo que respecta a la configuración de los taludes. Además, cuestiona qué especificaciones técnicas se establecieron en el contrato para garantizar su estabilidad, tomando en cuenta las condiciones geográficas del terreno, así como los estándares utilizados para definir su inclinación.

También busca esclarecer quién fue el responsable de aprobar el diseño y qué tipo de análisis técnico se hizo para respaldar esa decisión. Pregunta si hubo modificaciones entre el diseño original y la ejecución actual, y qué criterios se usaron para seleccionar a las empresas encargadas de supervisar la obra. Ortiz solicita además los informes generados por la supervisión técnica tanto antes como después de los incidentes de diciembre y abril.

La diputada quiere conocer las razones por las que fue sustituida la primera empresa supervisora y cuáles fueron las causas directas del accidente ocurrido el 13 de diciembre. También pide detalles sobre las medidas correctivas adoptadas desde entonces. En relación a los recientes derrumbes, interroga sobre las causas identificadas, por qué no se detectó a tiempo la inestabilidad del terreno y qué intervenciones se han realizado para estabilizar la zona, incluyendo sus costos.

Asimismo, demanda una evaluación completa del impacto económico y social del cierre de la carretera, y exige saber si el Ministerio ha iniciado investigaciones internas para determinar posibles casos de negligencia o corrupción.

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha confirmado el cierre de la carretera tras los deslizamientos, e informó que el paso vehicular será restablecido el lunes 5 de mayo a las 2:00 a.m., una vez concluidos los trabajos de limpieza y reparación en la zona.

La Asamblea Legislativa deberá decidir en los próximos días si acepta la solicitud de interpelación. De ser aprobada, el ministro Rodríguez estaría obligado a comparecer y responder públicamente por la gestión de este proyecto estratégico, en un proceso que busca garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad de la infraestructura nacional.