Bukele propone impuesto del 30% a donaciones extranjeras a ONG tras protesta

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El presidente, Nayib Bukele, respondió con severas acusaciones y una iniciativa legislativa a la protesta pacífica realizada por los habitantes de la cooperativa El Bosque, quienes se manifestaron la noche del lunes 12 de mayo frente a la residencial Los Sueños, en Santa Tecla, para exigir que el Gobierno interceda ante una orden judicial de desalojo que amenaza con dejar sin vivienda a cerca de 300 familias el próximo 22 de mayo.

Según Bukele, los manifestantes fueron “manipulados” por organizaciones no gubernamentales “globalistas” y por grupos de izquierda con el objetivo de dañar la imagen de su gobierno. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario aseguró que hubo una “presencia coordinada de medios”, “acarreo evidente” y “banners impresos profesionalmente”, lo que a su juicio evidencia una operación política cuidadosamente organizada.

“Personas humildes fueron utilizadas por estos grupos para atacar al Gobierno”, denunció Bukele, quien también señaló que los manifestantes incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada que, afirmó, no tiene relación con el caso legal en disputa.

El mandatario agregó que el litigio por las tierras ocupadas por la cooperativa El Bosque se remonta a 1998, fue judicializado en 2008 y culminó con sentencias firmes en todas las instancias a favor del acreedor, identificado como Luis Antonio Palomo Urbina.

Pese a reconocer que “entendemos la difícil situación de estas familias”, Bukele descartó que el Estado absorba los costos de la deuda. En su lugar, propuso un nuevo mecanismo de financiamiento: el envío a la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que impondría un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben las ONG extranjeras que operan en el país. Con esos fondos, aseguró, se cubriría la deuda de la cooperativa El Bosque.

“Así todos ganan: las familias saldan su deuda, la población no paga por reclamos ajenos y las ONG cumplen, por fin, su supuesto propósito de ayudar al pueblo”, declaró el mandatario, justificando la propuesta con un enfoque pragmático.

La Ley de Agentes Extranjeros no es una idea nueva. En 2021, el Ejecutivo ya había promovido una versión de esta normativa, que contemplaba sanciones penales para organizaciones que, según el Gobierno, atentaran contra la seguridad nacional o el orden público con financiamiento externo. Aquella propuesta fue detenida tras críticas de la comunidad internacional y la suspensión de proyectos por parte de países donantes como Alemania.

La nueva versión de la ley mantiene un objetivo fiscalizador; incluiría la creación de un Registro de Agentes Extranjeros (RAE), con amplias facultades para autorizar, denegar y supervisar el trabajo de las ONG. Aunque la Asamblea Legislativa no archivó el dictamen anterior, ahora, con el control del oficialismo, su aprobación podría concretarse rápidamente.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han expresado su alarma. El Foro del Agua denunció la detención arbitraria del abogado ambientalista Alejandro Henríquez, defensor de los habitantes de El Bosque, y al menos otros dos líderes comunitarios, incluyendo a José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa y pastor evangélico, según recogen diversos medios nacionales.

Una veintena de ONG condenaron públicamente lo que consideran una nueva ola de represión estatal. Denuncian que las acciones del Gobierno buscan intimidar y desmovilizar a comunidades que defienden sus derechos frente a procesos judiciales que, aseguran, se derivan de irregularidades y estafas que no han sido debidamente investigadas.

El conflicto entre las comunidades rurales, el poder judicial y el Ejecutivo se enmarca en una coyuntura donde el control institucional y la narrativa oficial parecen avanzar en desmedro del espacio cívico y las garantías de participación ciudadana.

La solución propuesta por el presidente, aunque presentada como pragmática y beneficiosa para todos, plantea profundas preguntas sobre la libertad de asociación, la autonomía de las ONG y el futuro del apoyo internacional en El Salvador.