Supremo de EE.UU. bloquea ley que permite acelerar la deportación de migrantes

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido un fallo que limita el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la administración Trump para deportar rápidamente a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.

La decisión, adoptada este 16 de mayo, establece que los migrantes deben recibir notificaciones adecuadas y tener la oportunidad de impugnar su deportación antes de ser expulsados del país.   

La Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada durante la presidencia de John Adams, ha sido invocada en contadas ocasiones en la historia de EE.UU., principalmente durante conflictos bélicos como las guerras mundiales. En marzo de 2025, el presidente Trump la utilizó para justificar la deportación de más de 200 venezolanos, alegando que el Tren de Aragua representaba una “invasión irregular” contra el país.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumentaron que muchos de los deportados no tenían vínculos comprobados con actividades criminales y que fueron expulsados sin el debido proceso legal. Además, señalaron que la ley requiere una declaración formal de guerra o una amenaza de invasión por parte de una nación extranjera, condiciones que no se cumplen en este caso.   

El fallo del Supremo no se pronuncia sobre la constitucionalidad del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en este contexto, pero enfatiza la necesidad de garantizar el debido proceso a los migrantes afectados. La Corte remitió el caso a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans para una revisión adicional.

Mientras tanto, la administración Trump puede continuar con las deportaciones utilizando otras leyes migratorias, pero no puede aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Este caso ha generado un intenso debate sobre el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria y la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los individuos, independientemente de su estatus migratorio. Además, ha puesto en evidencia las tensiones entre las ramas del gobierno y la importancia de la supervisión judicial en la protección de los derechos fundamentales.

La situación también ha tenido repercusiones internacionales, especialmente en El Salvador, donde fueron enviados muchos de los deportados. Organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones en las que se encuentran los migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y han cuestionado la legalidad de las deportaciones realizadas sin pruebas concluyentes ni procesos judiciales adecuados.   

El fallo del Tribunal Supremo representa un freno a las políticas migratorias de la administración Trump que buscaban acelerar las deportaciones sin garantizar el debido proceso, y reafirma la importancia de respetar los derechos constitucionales en la aplicación de las leyes migratorias.