Liberan a transportistas acusados de no acatar orden presidencial de servicio gratuito

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—Los 12 empresarios del transporte público de pasajeros detenidos por supuestamente negarse a prestar el servicio durante una orden presidencial de gratuidad, fueron puestos en libertad la noche del lunes, previo a la instalación de la audiencia inicial, pero confirmado por la la Fiscalía General de la República (FGR) hasta la tarde este martes.

La liberación fue autorizada por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, luego de que la FGR presentara requerimiento solicitando medidas alternas a la detención provisional.

A pesar de haber recuperado su libertad, los imputados deberán presentarse a la audiencia inicial, que ha sido programada para el próximo jueves 23 de mayo a las 9:00 a. m. en dicho juzgado. Durante la diligencia judicial se determinará si el proceso avanza a una nueva etapa y se definirán las medidas judiciales que enfrentarán los acusados mientras continúa el caso.

La Fiscalía acusa a los transportistas por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado, señalando que entre los días 5, 6 y 7 de mayo estos no prestaron el servicio de forma regular, a pesar de que el transporte público fue subsidiado por el Estado como parte de una medida extraordinaria ordenada por el presidente Nayib Bukele.

El origen del conflicto se remonta al cierre de la carretera Panamericana, en el tramo conocido como Los Chorros, debido a un deslizamiento ocurrido el 29 de abril. Este cierre, que duró hasta el 11 de mayo, provocó severas complicaciones viales en el Área Metropolitana de San Salvador. En respuesta, el mandatario ordenó el 4 de mayo que el transporte colectivo fuera gratuito del 5 al 11 de mayo, con el objetivo de aliviar la carga económica de los usuarios. Para cubrir el costo del servicio gratuito, el gobierno destinó $12 millones en subsidios.

Sin embargo, según la FGR, varios transportistas no sacaron sus unidades a circulación, lo cual fue interpretado como una desobediencia a una orden directa relacionada con un servicio público esencial. La FGR procedió entonces a capturar a los empresarios por medio de detenciones en flagrancia.

Entre los detenidos se encuentran figuras destacadas del sector transporte, como Genaro Isaac Ramírez Barrera, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS); Alexander Sorto, representante de la Mesa Nacional de Transporte y empresario de la ruta 205; y José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202, entre otros empresarios de rutas clave del país.

La Mesa Nacional de Transporte denunció las detenciones, calificándolas de arbitrarias, y además informó sobre el fallecimiento de Roberto Jaco, empresario de las rutas 201 y 50, ocurrido el 12 de mayo, cinco días después de haber sido capturado. El hecho generó preocupación en el gremio, que ha pedido transparencia en el proceso judicial y respeto a los derechos humanos.

El caso ha generado polémica tanto en el ámbito político como en el social, ya que involucra el cumplimiento de órdenes ejecutivas en contextos de emergencia, la función del transporte público como servicio esencial y la relación entre el Estado y los empresarios del sector. La audiencia del 23 de mayo será clave para definir el rumbo del proceso legal que enfrentan los empresarios.