El Supremo de EEUU autoriza a Trump para revocar protección humanitaria a más de 500.000 migrantes

Redacción : Oscar Cruz 

(ENNews)—La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a la Administración de Donald Trump a eliminar el programa de ‘parole’ humanitario que protegía a más de medio millón de inmigrantes provenientes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, medida que podría abrir la puerta a la deportación masiva de estas personas, que hasta ahora vivían y trabajaban legalmente en el país gracias a una política implementada durante el mandato del presidente Joe Biden.

La decisión del máximo tribunal representa una victoria significativa para Trump en su ofensiva contra las políticas migratorias humanitarias de su predecesor, en concreto, la Corte suspendió una orden anterior emitida por la jueza federal Indira Talwani, en Boston, que había bloqueado temporalmente la cancelación del programa al considerar que este tipo de medidas debía analizarse caso por caso, y no aplicarse de forma generalizada.

El programa en cuestión, conocido como «parole humanitario», permitía a ciudadanos de los mencionados países solicitar desde el extranjero su ingreso legal a Estados Unidos, amparándose en razones humanitarias urgentes o en el interés público. Se calcula que al menos 532.000 personas han sido beneficiadas por esta política desde su entrada en vigor. La eliminación de esta vía no solo deja a estas personas en situación de vulnerabilidad jurídica, sino que también acelera su posible deportación mientras continúan los procedimientos judiciales en instancias inferiores.

Esta resolución del Supremo se suma a otra decisión tomada recientemente por el mismo tribunal que autorizó la eliminación de un estatus de protección similar para migrantes específicamente provenientes de Venezuela. Ambas decisiones consolidan el impulso de Trump por desmantelar los programas migratorios temporales y por endurecer las políticas fronterizas, en línea con su promesa electoral de deportar a más de 11 millones de personas indocumentadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue quien elevó la solicitud al Supremo tras el fallo inicial en contra; aunque el caso aún no ha concluido y continúa en los tribunales de menor instancia, el dictamen del Supremo da a la Administración una ventaja jurídica clave para continuar con su política de deportaciones.

No obstante, la decisión no estuvo exenta de críticas. Dos de los jueces liberales del tribunal, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su disenso. En un comunicado, Jackson advirtió que el fallo «subestima las consecuencias devastadoras de permitir que el Gobierno altere abruptamente las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas no ciudadanas mientras sus reclamos legales están pendientes».

La decisión, como suele ocurrir con los casos de emergencia tratados por el Supremo, no fue firmada y no incluyó una explicación oficial del tribunal, lo que ha suscitado inquietud entre organizaciones defensoras de los derechos migrantes. Varios colectivos han calificado el fallo como una señal alarmante de retroceso en la política humanitaria del país y advierten sobre el riesgo de expulsiones aceleradas sin un debido proceso individual.

El futuro de los beneficiarios del ‘parole’ humanitario queda ahora en el limbo legal. Mientras los tribunales inferiores continúan analizando la legalidad de la cancelación del programa, las autoridades migratorias podrían iniciar procesos de deportación, generando una nueva oleada de incertidumbre para miles de familias que habían encontrado una vía de estabilidad en Estados Unidos.

Esta coyuntura marca un punto de inflexión en la batalla migratoria dentro del país, y evidencia la profunda polarización en torno al tema, mientras Trump refuerza su agenda antiinmigrante con respaldo judicial, sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos se preparan para una nueva etapa de litigios y movilizaciones en defensa de los derechos de los migrantes afectados.