Bukele denuncia amenazas de la oposición contra funcionarios, jueces y periodistas

Redacción : Oscar Cruz 

(ENNews)—El presidente, Nayib Bukele, denunció la noche del jueves que actores vinculados a la oposición han pasado el día emitiendo amenazas contra personas que apoyan o colaboran con su Gobierno. 

Entre los señalados por estos ataques figuran jueces, fiscales y periodistas, quienes, según el mandatario, no se alinean con los intereses de grupos internacionales como Open Society, organización frecuentemente mencionada por el oficialismo como símbolo de injerencia extranjera en la política salvadoreña.

“Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes”, afirmó Bukele a través de sus redes sociales, donde advirtió que estas acciones no solo son éticamente reprobables, sino que también constituyen delitos contemplados en el Código Penal salvadoreño. “Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió”, agregó el mandatario, en un mensaje que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

La declaración presidencial se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y sectores opositores, especialmente luego de que se hiciera pública una acción considerada por muchos como un intento de intimidación contra funcionarios del sistema de justicia.

Uno de los hechos más controversiales fue protagonizado por el columnista y exmediador de la tregua entre pandillas, Paolo Lüers, quien compartió en redes sociales los nombres y fotografías de fiscales del Ministerio Público. Estos funcionarios estarían vinculados al proceso penal contra la abogada Ruth López, acusada de enriquecimiento ilícito. Lo que ha generado alarma es que el caso se encuentra bajo reserva judicial, y la divulgación de esta información podría constituir una violación a la Ley de Protección de Datos Personales.

Dicha legislación prohíbe expresamente la difusión no autorizada de datos personales en procesos en reserva, estableciendo penas que van de tres a cinco años de prisión para quienes incurran en estas prácticas. Diversos juristas han señalado que, de comprobarse la filtración y publicación de información confidencial, se estaría frente a una conducta delictiva que amerita una investigación por parte de la Fiscalía General de la República.

El gobierno ha insistido en que ciertos sectores de la oposición están utilizando estrategias de presión y amenazas para deslegitimar procesos judiciales y socavar la institucionalidad del país. 

Bukele también ha acusado en reiteradas ocasiones a actores internacionales de financiar campañas de desinformación y de ejercer presión indirecta sobre el sistema judicial salvadoreño, particularmente en casos donde están involucrados personajes vinculados a partidos políticos tradicionales.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación por lo que consideran una escalada en la polarización del discurso público, con acusaciones cruzadas que pueden poner en riesgo la integridad física de funcionarios, periodistas y actores judiciales.

La controversia continúa escalando, y se espera que tanto la Fiscalía como instituciones de derechos humanos se pronuncien sobre la posible violación legal que implica la exposición de datos personales de funcionarios públicos en redes sociales.

El mensaje de Bukele deja claro que su administración no tolerará acciones que considere amenazas o intimidaciones hacia quienes forman parte de su estructura de gobierno, y refuerza su narrativa de que los tiempos de impunidad han terminado. 

A medida que el país se aproxima a nuevos procesos judiciales y políticos de alto perfil, el ambiente se torna cada vez más tenso y polarizado.