Justicia argentina otorga prisión domiciliaria a Cristina Fernández tras condena por corrupción

Redacción: Abigail Rivera

(ENNews)—Este martes, la Justicia argentina resolvió conceder la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue sentenciada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante sus mandatos entre 2007 y 2015. 

De acuerdo con medios internacionales, la decisión se dio a conocer un día antes de que venciera el plazo de cinco días otorgado a Fernández para ponerse a disposición de la justicia y comenzar a cumplir su condena.

La Fiscalía se había pronunciado en contra del beneficio solicitado por la defensa, argumentando que la concesión de la prisión domiciliaria es una facultad discrecional de los jueces y no una obligación automática. 

Los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola enfatizaron que este beneficio debe ser otorgado únicamente cuando existan fundamentos sólidos y no por la simple inclusión de una persona en ciertos supuestos legales. “No debe ser concedida por la sola circunstancia de que el condenado cumpla alguno de los casos contemplados en la ley”, sostuvieron.

La causa se basa en un juicio por supuestas irregularidades en la asignación de obras viales en la provincia de Santa Cruz, que involucraría tanto a Fernández como a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia, el abogado defensor de la expresidenta, Carlos Beraldi, solicitó la prisión domiciliaria fundamentando la edad de Fernández (72 años) y su condición de ex mandataria, sumado al intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal expresó que no existen razones humanitarias justificadas para otorgar dicha medida excepcional. Asimismo, manifestaron reservas sobre el domicilio donde la ex mandataria pretende cumplir la condena, cuestionando que la ubicación y la concurrencia cotidiana de personas no aseguren las condiciones de seguridad necesarias.

En cuanto al uso de tobillera electrónica, la defensa había señalado que sería prescindible, pero la Fiscalía manifestó su oposición, debido a que la ley exige su uso para el control legal de esta medida.

Por su parte, la Procuración General de Buenos Aires presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, señalando las preocupaciones por las posibles consecuencias negativas de la detención en la residencia de Fernández. El Gobierno porteño advirtió que la custodia permanente en una zona tan transitada y densamente poblada como el barrio Constitución afectaría la movilidad, la seguridad y el normal funcionamiento de los servicios esenciales en el área.

El informe adjuntado destacó que, tras confirmarse la sentencia condenatoria, se han producido numerosas concentraciones, cortes de calles y ruidos molestos en las inmediaciones del domicilio, donde militantes y seguidores de Fernández se reúnen diariamente, y desde cuyo balcón la expresidenta suele saludarlos y agradecer el apoyo.

Frente a este escenario, el Gobierno de la ciudad pidió que, en caso de habilitarse la prisión domiciliaria en dicha vivienda, se implementen medidas excepcionales con intervención conjunta de autoridades nacionales y locales para mantener el orden público y preservar los servicios urbanos.

La situación mantiene alerta a la opinión pública y reafirma el papel central que tiene este caso en la coyuntura política argentina.