Ya son 112 víctimas en el caso Venicars tras nuevas denuncias por estafa

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador decidió mantener la medida de detención provisional contra ocho personas vinculadas al caso Venicars S. A. de C. V., después de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara una cuarta acusación que incorpora a 50 nuevas víctimas de estafa agravada. Con esta ampliación, el expediente judicial ya agrupa a 112 afectados repartidos en cuatro procesos acumulados, y el monto defraudado, según estimaciones preliminares, sobrepasa el millón de dólares.

La resolución fue dictada al término de una audiencia especial celebrada este miércoles en la sede del Tribunal, donde el juez también declaró en rebeldía a cuatro imputados que no comparecieron y extendió la fase de instrucción hasta octubre próximo con el propósito de profundizar en la recolección de pruebas documentales, periciales y testimoniales. Durante la vista, la defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, alegando arraigo y colaboración, pero el juzgador consideró que persiste un alto riesgo de fuga y posible obstaculización de la investigación.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa Venicars operaba a través de redes sociales y campañas de mensajería instantánea en las que ofrecía a sus potenciales clientes la posibilidad de adquirir vehículos a precios por debajo del mercado, con financiamiento flexible y un plazo de entrega que oscilaba entre 15 y 20 días. Para acceder a la presunta “oferta”, las víctimas debían firmar contratos de suscripción y efectuar desembolsos iniciales que iban de 800 a 1 000 dólares. Una vez realizado el pago, la entrega de los automotores nunca se concretaba y los representantes de la compañía interrumpían la comunicación o justificaban retrasos con documentos falsificados.

Según cifras oficiales, las denuncias contra la firma han aumentado de forma sostenida: en abril la FGR contabilizaba más de 1 000 reportes con un perjuicio estimado de 2,5 millones de dólares, y para mayo el número de querellas superó las 1 300 en todo el país. No obstante, la acusación penal actual se centra en 112 casos que la Fiscalía considera los mejor documentados y con evidencia suficiente para llegar a juicio.

En la lista de imputados figuran nacionales y extranjeros: Gabriel Andrés Ponce Ruiz (Ecuador), Brayan Alexander Camacho Melean (venezolano), Francys Dorelys Batson Guzmán (venezolana), Daniel Alejandro Guzmán (venezolano), Bryan José Urbano Salazar (venezolano), Heidy Jhoanna Álvarez Topón (ecuatoriana), Mabel Ruth Solís Apupalo (salvadoreña) y Doménica Elizabeth Flores Rodríguez (salvadoreña). De ellos, solo cuatro (Ponce Ruiz, Guzmán, Urbano Salazar y Álvarez Topón) permanecen bajo custodia. Para los restantes, el tribunal giró órdenes de captura internacional a través de la Policía Nacional Civil y la Interpol.

La FGR informó además que el pasado 20 de marzo logró la inmovilización de 848 359,79 dólares en cinco cuentas bancarias vinculadas a la sociedad investigada y a sus representantes legales. Las autoridades no descartan que otros activos, como bienes inmuebles y flotas de vehículos, hayan sido transferidos a terceros para dificultar su rastreo.

El juez concedió a la Fiscalía un plazo adicional de más de tres meses —hasta octubre— para completar diligencias pendientes, entre ellas la incorporación de peritajes contables sobre flujos de fondos y la toma de declaración a víctimas residentes en el extranjero que realizaron pagos desde el exterior. La defensa, por su parte, anunció que impugnará la prórroga al considerar que se vulnera el derecho a ser juzgado en un “plazo razonable”.

Mientras tanto, los acusados continuarán en el penal de Mariona bajo el régimen de máxima seguridad para procesados por crimen organizado. De ser declarados culpables en un eventual juicio, podrían enfrentar penas que oscilan entre ocho y doce años de prisión, además de la obligación civil de resarcir a las víctimas.

El caso Venicars pone nuevamente en el foco el uso de esquemas de ventas ficticias como medio para cometer estafas masivas en El Salvador, organizaciones de consumidores y expertos en ciberseguridad advierten que la proliferación de anuncios en redes sociales, combinada con la facilidad para abrir empresas de forma expedita, facilita que estructuras criminales atraigan a un alto número de personas con ofertas demasiado buenas para ser ciertas.

Especialistas consultados señalan que la respuesta de las autoridades ha mejorado, pero aún existen vacíos legales respecto al control de plataformas digitales y la supervisión de sociedades de capital mínimo. Entre las recomendaciones destacan verificar la existencia física del proveedor, exigir contratos con cláusulas claras de entrega y recurrir siempre a medios de pago rastreables que permitan el reclamo posterior.

La FGR ha habilitado un número telefónico y un correo institucional para recibir denuncias adicionales, paralelamente, el Ministerio de Economía anunció una revisión de los procedimientos de registro mercantil y la creación de un listado público de empresas investigadas por fraude.

El proceso judicial continuará con la audiencia de revisión de medidas programada para octubre, donde el juez evaluará nuevamente la situación de cada imputado a la luz de la evidencia recopilada. Hasta entonces, las ocho personas procesadas seguirán tras las rejas, mientras la Fiscalía intenta robustecer un caso que ya se perfila como uno de los mayores fraudes comerciales de la última década en el país.