Presidenta de Honduras rechaza cancelación del TPS y anuncia diálogo con EEUU

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, calificó este martes de “duro golpe” la decisión de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que, desde 1999, ha blindado contra la deportación a decenas de miles de hondureños, y advirtió que sostendrá un diálogo “abierto y franco” con Washington para evitar expulsiones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 7 de julio la notificación que extingue el TPS para Honduras y fijó su efecto legal para el 6 de septiembre de 2025, tras el periodo reglamentario de 60 días, una medida que el Gobierno de Donald Trump justifica en una supuesta mejora de las condiciones en el país centroamericano.

En un mensaje difundido en la red social X, Castro atribuyó la cancelación a la coyuntura electoral estadounidense, aseguró a los compatriotas que “no están solos” y prometió que su administración buscará una salida humana que preserve la relación bilateral y el respeto a los tratados internacionales.

Para sostener esa promesa, la mandataria instruyó a la Cancillería a “utilizar todos los recursos que permite la ley” y reforzar el apoyo consular y jurídico, incluyendo asesoría gratuita sobre ajustes de estatus, trámites de asilo y representación ante cortes migratorias, según confirmó la propia presidencia.

Los 72,000 hondureños cobijados por el programa (junto con unos 4,000 nicaragüenses afectados por una decisión paralela), tienen hasta el 6 de septiembre de 2025 para regularizarse mediante vínculos familiares, peticiones de empleo o solicitudes humanitarias, o para organizar un eventual retorno voluntario, precisó el aviso oficial.

El TPS fue creado tras el paso del huracán Mitch en 1998, que dejó más de 11,000 muertos y daños multimillonarios en Centroamérica; con esa base, el Congreso estadounidense autorizó en 1999 la protección temporal que hoy llega a su fin.

La Administración Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Honduras “ha superado los estragos de Mitch” y que el programa (por definición temporal) no puede perpetuarse, pese a las advertencias de legisladores y organizaciones migrantes sobre los riesgos humanitarios y económicos de la medida.

Estas organizaciones señalan que muchos beneficiarios han vivido más de dos décadas en Estados Unidos, han criado familias mixtas y ocupan puestos clave en construcción, limpieza y atención sanitaria; algunos, como los entrevistados en Nueva Orleans, temen perder empleos, licencias y proyectos educativos si son forzados a regresar.

El DHS asegura que trabajó con Tegucigalpa para ofrecer a los repatriados bonos de reubicación, capacitación laboral y asistencia alimentaria, pero los propios migrantes dudan de que existan oportunidades suficientes en un país aún castigado por la violencia y la precariedad.

Castro subrayó que continuará “una línea directa” con la Casa Blanca y con el presidente Trump para explorar alternativas diplomáticas o legislativas que frenen las deportaciones masivas, al tiempo que reafirmó “el abrazo” de su Gobierno a la diáspora hondureña, un colectivo que, solo en 2024, envió más de 8,000 millones de dólares en remesas al país.