Diputados avalan préstamo de $60 millones para transporte en San Salvador

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, emitió un dictamen favorable para que el Gobierno adquiera un préstamo de $60 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para financiar el “Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)”, que incluye la implementación de un sistema de pago electrónico en el transporte público.

El proyecto busca modernizar el servicio de transporte en el AMSS, mejorar la planificación y fortalecer la seguridad vial. Según el Ministerio de Hacienda, la aprobación del dictamen permitirá que en septiembre el pleno legislativo discuta y ratifique el contrato de crédito, lo que abriría paso a la firma del acuerdo y posterior desembolso de los recursos.

El préstamo será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y se pagará en un plazo de 25 años, con un periodo de gracia de 5.5 años. El desembolso de los fondos está previsto para un periodo de cinco años.

De acuerdo con lo explicado en la comisión, el programa se divide en tres componentes principales. El primero, valorado en $22 millones, contempla el desarrollo de un Sistema de Pago Electrónico (SPE) para las unidades de transporte, incluyendo el equipamiento, el software y la elaboración de un plan de movilidad sostenible para el AMSS.

Además, con estos fondos se diseñará e implementará un Centro de Inteligencia de Datos para analizar los patrones de movilidad de los usuarios, con el fin de mejorar la planificación y optimizar el servicio.

El segundo componente, con una asignación de $35 millones, estará enfocado en medidas de seguridad vial. Entre ellas se incluyen obras de señalización, instalación de barreras de protección, mejoras en cruces peatonales y la eliminación de obstáculos en dos de las carreteras con mayor concentración de accidentes: la Autopista a Comalapa (RN-05) y la Carretera Troncal del Norte (CA04N).

Según datos presentados en la comisión, el 30 % de los accidentes de tránsito del país ocurre en esos corredores. También se financiará una consultoría para implementar un sistema de formación y certificación de instructores encargados de evaluar a motociclistas.

El tercer componente, con una asignación de $3 millones, será destinado a la administración del programa, así como a evaluaciones y auditorías del mismo.

Marlon Herrera, director general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, explicó que, de ratificarse el contrato en septiembre, es factible que parte de los fondos se incorporen al presupuesto nacional entre octubre y noviembre de este año.

El funcionario destacó que el programa de movilidad se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio del Gobierno para mejorar el sistema de transporte público, que incluye la reorganización de rutas y la renovación de la flota de buses.

Otros préstamos aprobados

Además del crédito con el BID, la Comisión de Hacienda aprobó otros dictámenes favorables vinculados a financiamientos internacionales. Entre ellos, la ratificación de dos préstamos con el Banco Mundial por un monto total de $350 millones. Uno de ellos, por $250 millones, será utilizado para apoyar la sostenibilidad fiscal, mientras que otro, por $100 millones, funcionará como fondo de emergencia para catástrofes.

También se avaló un dictamen para ampliar de $250 millones a $400 millones el monto autorizado al Fondo de Conservación Vial (Fovial) mediante un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con garantía soberana del Estado.

Finalmente, se autorizó la incorporación de $6 millones al presupuesto del Centro de Desarrollo y Comercio Agropecuario (CDCA), recursos que provienen de un préstamo con el Banco de Fomento Agropecuario y que serán destinados a impulsar la producción de maíz y frijol en el país.

Con la aprobación de estos dictámenes, la Asamblea Legislativa abre paso a un conjunto de proyectos que abarcan movilidad, sostenibilidad fiscal y seguridad alimentaria, en los que el Estado asumirá nuevos compromisos financieros respaldados por organismos internacionales.