Exsecretario privado de Funes condenado por enriquecimiento ilícito

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, declaró este viernes 5 de septiembre, culpables de enriquecimiento ilícito al exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y a su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres. Como parte de la sentencia, ambos deberán restituir al Estado un total de $3,872,095.46 dólares.

La resolución judicial establece que Francisco Cáceres devolverá $3,539,407.87 y quedará inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Por su parte, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres deberá reintegrar $332,687.59.

La decisión de la cámara se produce tras un proceso civil iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR), a partir de irregularidades detectadas en sus cuentas bancarias y movimientos financieros durante la gestión presidencial de Mauricio Funes, entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014.

La Unidad Anticorrupción de la FGR presentó evidencia de 56 irregularidades cometidas por la familia de Cáceres. En el caso del exfuncionario se identificaron 44 inconsistencias que suman más de $3.5 millones, derivadas de depósitos en efectivo, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, además de diferencias negativas entre sus ingresos y gastos declarados.

A su esposa se le imputaron 11 irregularidades por un monto de $346,553.85, relacionadas con depósitos en cuentas de ahorro y la adquisición de bienes, mientras que a su hija se le cuestionó un depósito de $6,133.74 en una cuenta corriente. La Fiscalía no informó sobre la decisión de la cámara respecto a la hija.

El fallo judicial llega tras la audiencia probatoria, que se inició el miércoles y concluyó con la lectura de sentencia este viernes. Además de la restitución del dinero al Estado, la condena incluye la inhabilitación de ambos procesados para ocupar cargos públicos durante una década.

El caso se sustenta en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que recopiló más de 6,000 folios de evidencia administrativa y bancaria entregada a la Fiscalía.

En mayo de 2024, el pleno de la Corte Suprema de Justicia había ordenado, por unanimidad, el inicio de un juicio civil contra Cáceres por 57 irregularidades; posteriormente, la Fiscalía lo acusó ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

En febrero de 2025, la misma cámara juramentó a un perito contable para determinar la cifra exacta del presunto enriquecimiento ilícito de Cáceres y su grupo familiar; el resultado de esa pericia no ha sido revelado por la Fiscalía.

Francisco Cáceres también estuvo vinculado, junto con 32 personas, al caso denominado “Saqueo Público”, por el cual fue acusado en junio de 2018; sin embargo, nunca fue judicializado en ese proceso. Durante la vista pública actual, el exsecretario declaró como testigo criteriado, sin que se revelara a cambio de qué beneficio procesal.

Los abogados de los acusados han señalado que Cáceres era responsable de manejar los gastos reservados de Casa Presidencial durante la gestión de Funes y lo identifican como el encargado del manejo de $351 millones, cifra que forma parte de investigaciones independientes sobre el desfalco en la administración.

Con esta sentencia, la FGR logra la restitución de más de $3.8 millones al Estado salvadoreño y limita la posibilidad de que los implicados ocupen cargos públicos por un periodo de 10 años, consolidando uno de los casos más destacados de enriquecimiento ilícito ligado a la gestión de Mauricio Funes.