Ley de Energía Geotérmica busca impulsar inversión y diversificar matriz energética

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Energía Geotérmica, normativa que establece un marco regulatorio para la prospección, exploración y explotación de los recursos geotérmicos en el país. La iniciativa, respaldada con 57 votos, busca diversificar la matriz energética y atraer inversión nacional y extranjera en proyectos de generación renovable.

Según la ley, la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM),será la entidad responsable de supervisar y otorgar permisos relacionados con el aprovechamiento geotérmico. Entre sus atribuciones se incluyen la emisión de permisos para prospección y exploración, la fiscalización de actividades y la gestión de concesiones, las cuales deberán ser aprobadas posteriormente por la Asamblea Legislativa.

La normativa permite que la DGEHM otorgue concesiones de explotación sin necesidad de licitación pública a quienes hayan confirmado la existencia de reservorios geotérmicos y comprobado la viabilidad de su explotación. En caso de proyectos declarados de interés nacional, la adjudicación directa podrá realizarse en un plazo máximo de 20 días hábiles, cuando la entidad determine que la iniciativa es estratégica para la seguridad energética, el desarrollo económico o el bienestar nacional.

Las concesiones podrán tener una duración de hasta 30 años y deberán incluir un contrato y un proyecto de ley que especifique la inversión, la forma de financiamiento y las fechas de construcción y operación. La ley también contempla que la DGEHM abra licitaciones públicas en áreas identificadas con potencial geotérmico, asegurando un proceso transparente.

Los permisos se dividen en etapas

La prospección permite evaluar superficialmente terrenos para identificar su potencial geotérmico y requiere una solicitud formal con documentación legal y plan de actividades; la DGEHM tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir resolución. La etapa de exploración, con una duración máxima de tres años y hasta 50 kilómetros cuadrados, incluye análisis técnicos, financieros y ambientales, así como un programa de perforación; su aprobación puede tomar hasta 45 días hábiles.

Finalmente, la concesión de explotación confiere derechos exclusivos sobre los recursos del subsuelo y exige que las empresas extranjeras se constituyan legalmente en El Salvador y cumplan con obligaciones adicionales, como permisos ambientales y seguros operativos.

La ley incorpora incentivos fiscales para fomentar la inversión, entre ellos se incluyen exoneración de aranceles por 10 años en la importación de equipos, exención del Impuesto sobre la Renta por ingresos derivados de la generación geotérmica y certificados de reducción de emisiones, así como deducciones fiscales por gastos en infraestructura eléctrica y reinyección geotérmica. Estos beneficios aplican únicamente a nuevas inversiones que incrementen la capacidad de generación.

Asimismo, se establecen medidas para garantizar sostenibilidad y cumplimiento. Los concesionarios deberán implementar un Protocolo de Sostenibilidad a 50 años, mientras que las infracciones graves y muy graves, como explotar sin concesión o alterar instalaciones, conllevarán multas de $2 millones a $4.08 millones, equivalentes a 5,000 a 10,000 salarios mínimos del sector industrial.

La diputada de Nuevas Ideas, Dania González, destacó que la dependencia de fuentes tradicionales, como la hidroeléctrica, y los efectos del cambio climático hacen necesaria la diversificación energética. “Nuestro objetivo es garantizar un suministro seguro, sostenible y accesible, generando empleo, desarrollo local y transferencia tecnológica”, expresó.

Por su parte, el legislador William Soriano subrayó que la ley permitirá aprovechar el recurso geotérmico para ofrecer tarifas eléctricas más competitivas y promover un sistema energético limpio y sostenible para las futuras generaciones.

Con esta normativa, El Salvador busca fortalecer su capacidad de generación de energía renovable, garantizar la seguridad energética y fomentar la inversión estratégica en proyectos geotérmicos, contribuyendo a un desarrollo económico sostenible y a la diversificación de la matriz eléctrica nacional.