Fallece el empresario Catalino Miranda tras complicaciones de salud

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–El reconocido empresario del transporte público, Catalino Miranda, falleció este lunes a causa de múltiples padecimientos crónicos de salud, que, según su abogado Rolando Aparicio, se agravaron durante el tiempo que permaneció detenido.

La noticia se confirmó por fuentes familiares poco después de que Miranda fuera liberado de prisión para recibir tratamiento médico, dadas las condiciones críticas de su estado.

Miranda, quien era dueño de la empresa Acostes de R.L. y concesionario de las rutas de microbuses 42 y 152, había sido hospitalizado de gravedad desde el pasado 4 de septiembre. En esa fecha, el empresario salió del centro penal luego de que el Juzgado Cuarto de Instrucción le otorgara medidas alternas a la detención, un día antes, el 3 de septiembre, precisamente por el deterioro de su salud, que incluía una insuficiencia renal y una metástasis pulmonar producto de un cáncer.

Delitos imputados y procesos judiciales
La detención de Catalino Miranda se llevó a cabo la noche del 12 de marzo de 2022. Inicialmente, las autoridades informaron que la aprehensión se debía al incremento ilegal del costo del pasaje en las rutas de su propiedad y por la obstrucción de la vía pública con sus unidades de transporte. No obstante, el entonces director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, declaró que la causa de la detención era por el delito de “resistencia agresiva”.

Posteriormente, en mayo de 2023, Miranda fue condenado a tres años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y venta a precio superior al someterse a un juicio abreviado. Durante este proceso, el empresario confesó haber aumentado el costo del pasaje de manera no autorizada en las rutas 42 y 152, el motivo principal que desencadenó su detención un año antes.

A pesar de la condena, el empresario enfrentaba otros procesos penales al momento de su fallecimiento. La Fiscalía General de la República (FGR), lo acusaba del delito de falsedad material, por la supuesta falsificación de un documento de cancelación de hipoteca relacionado con un préstamo de $1,800,000, un delito que habría cometido junto a dos personas más.

De forma simultánea, Miranda era procesado por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito de falsedad ideológica. En este caso, la acusación versaba sobre el uso de documentación financiera presuntamente falsa para intentar acceder a un crédito bancario de $2,650,000.

Mientras estuvo en prisión, la defensa legal del empresario, a través de sus abogados, expuso en diversas ocasiones las graves enfermedades que padecía y solicitó medidas sustitutivas a la detención para que pudiera recibir la atención médica adecuada, peticiones que fueron denegadas por las instancias judiciales en múltiples ocasiones.

Finalmente, tras 25 días de haber permanecido detenido en el penal de Mariona, el Juzgado Cuarto de Instrucción otorgó las medidas sustitutivas a la detención, decisión que se tomó después de que la familia de Miranda hiciera pública su preocupación por el crítico estado de salud del empresario.

Las medidas impuestas por el juzgado requerían que el empresario permaneciera en su domicilio con supervisión policial mensual, la prohibición de salir del país y el constante monitoreo de su estado por parte de su abogado. En ese momento, Miranda ya se encontraba hospitalizado.

La familia de Catalino Miranda detalló que, durante las primeras dos semanas posteriores a su liberación y traslado al hospital, el empresario mostró signos de mejoría. Sin embargo, en su última semana de vida, su estado de salud decayó drásticamente, lo que lo mantuvo sedado. Al momento de su deceso, el empresario llevaba una semana hospitalizado de gravedad.

Con la muerte de Catalino Miranda, los procesos penales por los cargos de falsedad material y falsedad ideológica, que se le imputaban tanto en el Juzgado Cuarto de Instrucción como en el Tribunal Quinto de Sentencia, serán cerrados.

La ley establece que el fallecimiento del imputado produce el sobreseimiento definitivo de la causa penal, extinguiendo la responsabilidad criminal.
En cuanto a su negocio de transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOP) inició el proceso para retirar la concesión de las rutas 42 y 152 a su empresa.

Inicialmente, el Gobierno asumió la administración de las rutas, posteriormente, el recorrido fue tomado por la ruta 40, aunque la identidad de su nuevo administrador no ha sido confirmada públicamente.