Expresidente peruano Pedro Castillo condenado a más de once años de prisión por intento de golpe de Estado

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)—La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú condenó este jueves al expresidente Pedro Castillo a once años, cinco meses y quince días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. El tribunal lo declaró responsable de participar en el intento fallido de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y asumir poderes extraordinarios.

Durante la audiencia, el tribunal absolvió a Castillo de los delitos de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía había solicitado una pena de 34 años de prisión, pero los jueces consideraron que no se concretó la rebelión, por lo que el delito se tipificó como conspiración. El fallo también alcanzó a otros exfuncionarios de su administración, entre ellos la entonces primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta, quienes recibieron la misma condena.

El exministro de Justicia, Aníbal Torres, fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión. En su caso, la pena está suspendida hasta que sea confirmada en una instancia superior. Chávez, actualmente asilada en la Embajada de México, enfrenta además una orden de detención nacional e internacional. Huerta y Torres permanecerán en libertad mientras se resuelven las apelaciones respectivas.

Castillo, que gobernó Perú entre 2021 y 2022, aseguró durante sus alegatos finales que el proceso en su contra fue “arbitrario” y “dirigido políticamente”. También presentó una solicitud de nulidad absoluta del juicio, argumentando falta de imparcialidad por parte de los magistrados. Sin embargo, el tribunal ratificó la validez del proceso y procedió con la lectura de la sentencia.

El fallo judicial se origina en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo pronunció un mensaje televisado en el que anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y el establecimiento de un gobierno de excepción. La decisión se dio poco antes de que el Parlamento debatiera una nueva moción de vacancia en su contra por presuntos actos de corrupción.

Pese al anuncio, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no acataron sus órdenes. Minutos después del discurso, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno acompañado de su familia y parte de su equipo más cercano. Fue detenido por las autoridades cuando se dirigía aparentemente hacia la Embajada de México, donde su esposa y sus hijos lograron refugiarse. Horas más tarde, el Congreso aprobó su destitución y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia.

Desde entonces, Pedro Castillo ha permanecido en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones en su contra. Además del proceso por conspiración, enfrenta otros casos por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su mandato, vinculados a obras públicas y designaciones irregulares de funcionarios.

Con esta condena, el exmandatario permanecerá en prisión mientras continúan los procesos pendientes en su contra. La sentencia aún puede ser apelada ante instancias superiores, aunque su defensa ha reiterado que insistirá en la nulidad del fallo y en denunciar supuestas irregularidades en el proceso judicial.

El caso de Castillo marca uno de los episodios más tensos en la historia política reciente de Perú, un país que ha visto desfilar a varios expresidentes ante la justicia por acusaciones de corrupción o abuso de poder. La resolución de la Corte Suprema representa un nuevo capítulo en esa larga cadena de crisis institucionales que ha caracterizado la política peruana en los últimos años.