Las llamadas familias de clase media que habitan en las cercanías de universidades y colegios de la capital han comenzado a resentir los estragos de la crisis económica por la emergencia del COVID-19, ya que muchos contratos de alquileres que les sirven de ingresos fijos están siendo clausurados.

(EN News) La situación se ha agudizado por la decisión de Ministerio Educación de posponer la educación presencial y poner énfasis en la enseñanza digital justificada por la cuarentena domiciliar, que si bien es medida loable para salvar vidas del contagio de la pandemia, también está generando una espiral de crisis sobre la cual no se pone énfasis en la política del gobierno.

Las personas afectadas aseguran que la realidad dura se comenzó a presentar casi un mes después de iniciada la primera cuarentena el 21 de marzo cuando semanas después los anuncios oficiales eran de más prórrogas al confinamiento sin que se haya reconsiderado también por parte de colegios y universidades pagos razonables de cuotas mensuales ante la crisis.

Luego de 2 meses del arranque de la primera cuarentena la decisión inmediata de padres de familia con hijos estudiando educación privada en San Salvador fue sugerir a dueños de casas en alquiler reconsiderar pagos y dada la situación de crisis no hubo más opción que negociar; pero posteriormente con más de 75 días de cuarentena la decisión de muchos padres que viven en los departamentos es finiquitar los contratos para ahorrarse costos.

La situación es verdaderamente compleja dado que muchas familias que viven en zonas circundantes a universidades y colegios privados no son de las llamadas 14 familias del país; son gente luchadora de clase media que con esfuerzo vitalicio han logrado accesar mediante préstamos a una vivienda decente, en algunos casos remodelada, para fines de obtener un ingreso fijo de subsistencia.

“La realidad se complica cada vez porque, por un lado, los estudiantes están retirando sus pertenencias para sus casas en los departamentos porque se supone ya no habrá educación presencial durante el año, y por otro lado, las actividades de emprendimiento están cerradas por el confinamiento” dice doña Juana Villanueva, propietaria de un inmueble en las cercanías de una universidad privada de la capital.

Así otros muchos casos como el de don Walter Brizuela, quien posee una casa modesta en zona accesible a un colegio privado de la Colonia Escalón. Brizuela segura tenía 2 inquilinos del departamento de San Vicente y ambos le dijeron adiós sin avisar y con violación de contrato de inquilinato amparados en la situación de emergencia.

Es por ello, que la situación que vive el país no sólo afecta a las familias más humildes de los llamados cinturones de pobreza, sino también a las clases medias que también son un eslabón importante de la cadena social y económica que no está ausente en la espiral de afectación nacional por el Covid-19.