Jueza de EE. UU. frena cancelación del TPS de migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal

Redacción : Oscar Cruz

(ENNews)–Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y Nepal, al considerar que la medida fue ilegal y carecía del debido sustento jurídico.

El fallo, emitido por la magistrada Trina Thompson del Tribunal de Distrito de San Francisco, establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió el procedimiento legal requerido para cancelar el programa, y sugiere que la decisión estuvo influida por motivos discriminatorios y prejuicios raciales contra las comunidades afectadas.

Thompson sustentó su resolución en una extensa opinión de 52 páginas, en la que criticó que el Gobierno estadounidense no tomó en cuenta las condiciones adversas que persisten en los países beneficiados por el TPS, donde aún existen factores que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.

La jueza también citó declaraciones públicas del entonces presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que —según el tribunal— reflejan “estereotipos raciales y percepciones xenófobas” sobre los inmigrantes.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, celebró el fallo a través de la red social X y expresó su respaldo a los beneficiarios del programa. “Honduras está con ustedes. Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos”, afirmó, al tiempo que reiteró que la protección de sus compatriotas en el extranjero es una prioridad de su Gobierno.

El Estatus de Protección Temporal es un programa humanitario aprobado por el Congreso estadounidense que permite a ciudadanos de países afectados por guerras, desastres naturales o crisis sociales vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal. Se otorga con la intención de brindar refugio mientras persistan las condiciones peligrosas en sus países de origen.

Antes del fallo, la cancelación del programa amenazaba con dejar sin protección a más de 89,000 personas, entre ellas 72,000 hondureños, 12,000 nepaleses y 4,000 nicaragüenses.

Situación de los salvadoreños

Aunque el fallo no afecta directamente a los salvadoreños, El Salvador mantiene una prórroga del TPS vigente hasta el 9 de septiembre de 2026, beneficiando a más de 230,000 personas que residen legalmente en Estados Unidos. Muchos de ellos fueron amparados desde 2001, tras los devastadores terremotos que golpearon al país ese año.

La decisión de la jueza Thompson responde a una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y un grupo de beneficiarios, quienes denunciaron que el Gobierno de Trump ignoró el requisito de evaluar la situación en los países afectados antes de poner fin al programa.

El tribunal concluyó que la administración actuó “por motivos políticos y prejuicios raciales”, en lugar de basarse en un análisis objetivo de las condiciones.

El caso se enmarca en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. En meses recientes, más de 600,000 venezolanos, haitianos y afganos perdieron su estatus TPS, lo que generó una ola de litigios similares en distintas cortes federales.

Pese a ello, los defensores de los derechos de los migrantes consideran que la decisión de Thompson es una victoria significativa para la justicia y el respeto a la ley.

“Este programa ha salvado vidas y ha sostenido comunidades durante más de tres décadas. El fallo reafirma que ningún gobierno puede actuar al margen de la legalidad”, afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California, que representa a varios de los demandantes.

Aunque la medida judicial no implica una reinstalación definitiva del TPS, sí restaura temporalmente las protecciones mientras se revisa el caso a fondo. Para miles de familias centroamericanas y nepalesas, significa un nuevo año con esperanza y tiempo para seguir defendiendo su derecho a permanecer legalmente en Estados Unidos.