Estas condiciones no sólo reducen las posibilidades de acceder a una documentación atestada y fiduciaria que contraste con la de un discurso presidencial o ministerial, que suele ser cuestionable y hasta extraoficial.
(EN News) En el contexto de la Pandemia por COVID-19, es importantísimo interrogarse cuál es el aporte real de los Medios de Comunicación en la cobertura de los acontecimientos políticos y sociales. Éste ejercicio parte de una realidad particularmente alarmante sobre las posibilidades legitimas de demandar y de obtener oportunamente información de interés nacional.
Y la razón principal tiende a reducirse a la inoperancia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), así decretada desde el pasado 12 de abril, que de por sí es un hecho velado.
Sin embargo, la discusión de las arbitrariedades al ejercicio periodístico es mayor, y terminan involucrando al Ejecutivo, y responsabilizando al Sistema de Medios de El Salvador.
El Derecho Humano a la Información no se limita a una compilación archivológica de Decretos ejecutivos y legislativos, ni al ejercicio de Relaciones Publicas de nuestros gobernantes.
Tampoco se limita a un interrogatorio superficial de un reducido número de periodistas.
¿Acaso un pequeño grupo de medios de comunicación es capaz, a éstas alturas, de competir con la Información Popular, con la Información del Gobierno? Aunados a éstos factores, es válido tomar en cuenta a las audiencias, inexorablemente activas.
Es decir, ¿debemos reducir, los periodistas, nuestra oferta en nuestras agendas a la demanda de la Opinión Popular, cuando más del noventa por ciento de la población de El Salvador está conforme con las políticas públicas del Gobierno del presidente Nayib Bukele?, ¿es posible contra-argumentar a la Versión Popular, a la del Gobierno, con otra que no sea, necesariamente, de la satisfacción o del interés público, por muy verídica que ésta resulte ser? El rechazo generalizado a la información impopular.
La alta calificación que ponderan instituciones influyentes, como la Cid-Gallup y periódicos locales, sobre la gestión de país nos comparte un panorama de la alta notoriedad y credibilidad que tiene el gobierno sobre la sociedad, que no es reacia a ignorar una contra-argumentación hacia la Opinión Popular: hacia su gobernante, hacia el movimiento de Nuevas Ideas.
Entonces, ¿qué garantías tiene esa contra-argumentación de ser leída, de ser escuchada o de ser vista en los Grandes Medios, o en las Redes Sociales?: Un Medio de Comunicación Empresarial generalmente basa sus ingresos en el consumo de audiencia y en la publicidad.
Contradecir a la Opinión Popular podría constituir o no un riesgo que influya en la permanencia y estabilidad del medio.
Esta dependencia, ciertamente inestable, es frecuente en las Empresas de Medios de Comunicación locales cuando existe una relación contractual con la publicidad de gobierno y con la presión que el gobierno ejerce para pautar coberturas favorables.
Éstas prácticas de enajenación en las agendas de nuestros medios han sido una frecuente quejar para los Observatorios de Derechos Humanos, desde el primer semestre de gobierno del presidente Bukele.
El reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos hace pesar al gobierno salvadoreño la omisión a la protección por la independencia de los Medios de Comunicación.
Basta con hacer la observación y el consumo regular de medios para identificar las pautas y las agendas del sistema de medios salvadoreño, y para reconocer un patrón arraigado al de la Información Popular, al de la Información del Gobierno.
Ésta realidad, a la que son inmersas los Medios de Comunicación, es el ejercicio práctico e inefable de la Espiral del Silencio: Noelle Neumann (1974) decía que la Manipulación de la Opinión Pública es producto del “Temor al Aislamiento”, que condiciona a la sociedad a actuar o a expresarse conforme a un patrón social dominante.
Un patrón social dominante en la Opinión Pública salvadoreña es, efectivamente, esa versión popular de gobierno, de la que se desconoce el nivel de certeza por la falta de una documentación fiduciaria y probatoria; por la falta de contrastes entre el canal del gobierno con la voz de los afectados, y con la falta de Transparencia.
¿De qué vale exceptuar la “Libertad de Expresión” en un Régimen Excepción, si los mecanismos para hacer efectivo el ejercicio periodístico, requieren de una mayor disponibilidad de recursos, insustituibles, que no están disponibles?; y, aunque los hubiera, ¿de qué sirve ésta garantía cuando el gobierno ejerce una presión financiera sobre los Medios?
“Proteger los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación” es una demanda atinada, necesaria e insoslayable al Gobierno de El Salvador, a la que pide el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Menores Facultades Organizativas La falta de Transparencia, los límites reales a la Libertad de Prensa, a la Libertad Ambulatoria, y a la Libertad de Agrupación son los factores que reducen las facultades organizativas de la Sociedad Civil para ejercer acciones colectivas de protesta y de incidencia política, ante cualquier forma de Abuso de Poder.
Pero el rechazo popular también es compartido a los Sindicatos de Trabajadores, generalmente Industriales, que han permanecido activos en el curso de la Pandemia.
Las oportunidades de consenso entre el ejecutivo y la sociedad civil tienden a reducirse a los requerimientos del primero sobre una propuesta a un Plan de Reactivación Económica, de la que se desconoce su cumplimiento, como una promesa de campaña.
Además, las consecutivas reformas de los Decretos de Ley anteriores hacen cuestionar la volatilidad de éste Plan, con más fe a que se despedace en plazos interrumpidos y prescriptibles, en el ritmo de las disposiciones que surjan para el control de la Epidemia.
Los pronunciamientos de la Sociedad Civil terminan reduciéndose a tentativas de poco alcance y de poca receptividad en los espacios virtuales.
Las demandas a la permanencia del ciclo laboral normal han caído: En el peor de los escenarios, las empresas se han visto inmersas en una suerte de amenazas a la nacionalización de Empresas de Transporte.
El sector organizado está obligado a obedecer la consigna global de Stay Home. Ante éste problema, los periodistas podemos plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cuáles serían las oportunidades y los límites legales para acceder a información de casos, a información de empresas y de sectores sociales vulnerables particularmente afectados por la pandemia?
El ejercicio periodístico se está reduciendo a un flujo centralizado de comunicaciones, en el que la opinión popular del Gobierno Central tiende ser la más preponderante, la más vista, la más oída, la más hablada.