El gran objetivo es erradicar las actividades y redes de corrupción que operan en El Salvador y penalizar este delito sin clemencia.

(EN NEWS) Con el objetivo de aportar a la lucha contra la corrupción en el país, organizaciones de la sociedad civil presentaron este miércoles a la Asamblea Legislativa propuesta de Ley Especial para facilitar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

En la propuesta de ley se reconoce a la CICIES como una instancia internacional con autonomía financiera y operacional, independiente, objetiva, neutral y transparente; establecida para coadyuvar con el Estado salvadoreño en la prevención, investigación, persecución y sanción de los actos de corrupción como sus delitos conexos.

De ser aprobada, esta ley otorga a la CICIES la función de apoyar a la Fiscalía General de la República en la fase de investigación y promoción de la persecución penal, así como le da la posibilidad de actuar como querellante para todos los casos en el marco de su competencia.

Esto último requiere una reforma al Código Procesal Penal, que también se incluye en la propuesta. Además, la CICIES contaría con mecanismos de transparencia y participación ciudadana según espíritu del referido proyecto de decreto.

Los demandantes consideran que la actual Comisión Internacional apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser fortalecida a través de una ley de la República para que cumpla con los estándares mínimos de una comisión de este tipo.

Es decir, que sea independiente, con facultades que le permitan investigar y apoyar el procesamiento de los delitos de corrupción en el país y con mecanismos de transparencia y participación ciudadana.

Asimismo se solicitó a la Asamblea Legislativa que retome la urgencia que siente la población para establecer medidas en contra de la corrupción y la impunidad, estableciendo una comisión ad hoc que facilite un proceso de debate y análisis abierto, inclusivo y ágil del presente proyecto de ley.

Asimismo se solicitó a los diputados y diputadas que incorporen al debate a representantes de las organizaciones promotoras de la ley como acompañantes técnicos de la comisión asignada para el seguimiento a esta propuesta de ley.

Los ponentes consideran que la corrupción y la impunidad son dos situaciones históricas y estructurales en el país y sus terribles consecuencias se ven reflejadas en el limitado acceso a servicios públicos de calidad para la gran mayoría de la población, lo cual en tiempos de pandemia se convirtió en un tema de vida o muerte, concluyeron.

Esta iniciativa está siendo impulsada por diferentes organizaciones sociales en El Salvador, entre las que se incluyen: Acción Ciudadana, Azul Originario, FUNDE, FESPAD, Cristosal, Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), y Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Así también el Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Colegio Médico, CEMUJER, CLADEM, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUNDECSO), Los Siempre Sospechosos, Pastor Mario Vega y Proyecto Poder.