En el Art. 103 que expone: “Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social” , se propone agregar “y en estricta armonía con el medio ambiente”.

(EN NEWS)—El Equipo Ad Hoc, en el proyecto que entregará al Presidente Nayib Bukele, el próximo 15 de septiembre afina una propuesta que busca garantizar la libertad económica, toda vez que no se oponga al interés social.

El argumento es que el Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para lograr el mayor desarrollo humano posible; pero por sobre esto, dará batalla por una distribución más justa y equitativa de la riqueza nacional.

El estudio sobre el modelo u orden económico continuará en base a 72 propuestas de reformas enviadas por salvadoreños residentes en 25 países, quienes usaron la plataforma web y otras en formato físico que se entregaron en la oficina de San Salvador.

Así también se alista otra propuesta fundamental de Contraloría Pública y Social, la cual por ahora sólo la ejerce monopólicamente la Corte de Cuentas de la República (CCR).

Con la citada reformaa dicha función de contraloría la realizarán en conjunto la CCR, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Tribunal de Etica Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Defensoría del Consumidor.

Dichas entidades fiscalizarán los fondos públicos, el patrimonio del estado y también tutelarán los derechos fundamentales de las personas, promover el desempeño ético en la Función Pública , como también detectar las prácticas anti éticas y corruptas.

“De lo que se trata es de
garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia; y asegurar a los consumidores que los proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, tanto públicos como privados e incluyendo los financieros, no ejerzan actos de abuso en su contra”, reza un comunicado.

Para cumplir los anteriores objetivos, se propone que dichas instituciones gocen de autonomía administrativa y económica; además, quienes las integrarán no serán por cuotas partidarias, sino por una nueva propuesta de elecciones de segundo grado, que se basará en una lista de candidatos provenientes de los colegios de profesionales.

En relación al tema de la Fuerza Armada, se propone reformar el Art. 215 de la Constitución, con el objetivo de sustituir al actual servicio militar obligatorio por un servicio de carácter voluntario, tal como ocurre en la práctica hoy día.

Sin embargo, se agrega el componente más de interés público, al incluir, que para quien lo realice, obtendrá una equivalencia para horas de servicio social o una plataforma para adquirir una profesión u oficio.