Columnista Elisa Plata, Corresponsal EN News, USA, Washington, DC
El gobierno de Joe Biden envió una guía de prioridades de deportación a los directores de dependencias del Departamento de Seguridad Nacional.
Estas son sus claves: El ser indocumentado en Estados Unidos no es causal de deportación inmediata, pero los agentes federales de inmigración tienen amplia discrecionalidad para detener, arrestar y expulsar a un indocumentado, señala la guía de prioridades enviada esta semana por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Alejandro Mayorkas, a los directores de dependencias bajo su mando el cual ha sido criticado a todo paso.
El presidente Joe Biden revirtió una serie de regulaciones que formaban parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump.
Una de ellas establecía que la presencia indocumentada constituía una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Biden incluso fue todavía más lejos.
No sólo anuló las prioridades que había determinado el gobierno anterior, sino que dejó de utilizar el término extranjero ilegal para referirse a los indocumentados y comenzó a llamarlos “no ciudadanos”.
Es un término que rechazan estados gobernados por republicanos, como Texas y Florida, que insisten en llamar a los extranjeros no autorizados como «ilegales» y acusarlos de forma generalizada y sin pruebas de ser criminales, violadores y traficantes de drogas.
Por el contrario, un grupo de 10 gobernadores republicanos, encabezados por el texano Greg Abbott, presentó un plan que revive la controvertida política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
La iniciativa surge tras la crisis migratoria registrada en Del Río (Texas), donde a finales de septiembre unos 15,000 migrantes, la mayoría haitianos, fueron detenidos, procesados y deportados a sus países de origen o regresados a México.
Este es el plan republicano que deja oprimidos una vez más a los inmigrantes:
1. Continuar las restricciones de salud pública bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos;
2. Restablecer por completo los Protocolos de Protección del Migrante (MPP);
3. Terminar la construcción del muro para asegurar la frontera;
4. Poner fin a la política del ‘catch and release’
5. Poner fin al atasco en la Corte de Inmigración;
6. Reanudar la deportación de todos los criminales;
7. Destinar recursos federales para erradicar la trata de personas y el narcotráfico;
8. Reactivar los acuerdos de Tercer País Seguro con los países del denominado Triángulo del Norte y México;
9. Enviar un un mensaje claro a los migrantes potenciales (para que no vengan);
y 10. Desplegar más agentes de federales en la frontera.
El plan de 10 puntos es el mismo desarrollado por Trump y diseñado por Stephen Miller, el principal asesor de política migratoria del exmandatario, junto con el exsecretario de Justicia, Jeff Sessions.
Varios de los puntos señalados, sin embargo, están vigentes y/o fueron restituidos por orden judicial, tal como la vigencia del Título 42, el MPP, el mensaje enviado desde enero a los inmigrantes para que no vengan porque la frontera está cerrada y el despliegue de agentes federales a la frontera para enfrentar la crisis.
Respecto a la deportación de ‘criminales’, el plan republicano no detalla qué tipo de faltas o delitos convierten en criminal a un indocumentado y tampoco menciona que el gobierno de Biden tiene una lista de prioridades de deportación, y que la presencia indocumentada, una falta de carácter civil no criminal, por si sola no es motivo para deportar a un extranjero.
La propuesta de los 10 estados encabezados por Texas no considera un plan de legalización para indocumentados.
Biden, en cambio, ha propuesto una vía de legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
El pasado 18 de marzo de este año; la Cámara de Representantes aprobó con apoyo bipartidista dos proyectos de ley que incluyen la residencia para unos 8 millones de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores esenciales y trabajadores agrícolas indocumentados.
Ambos proyectos fueron enviados al Senado donde se requieren 60 votos para ser aprobados y los demócratas sólo tienen 50. Ante el rechazo republicano, el partido del presidente optó por un plan B para incluir ambas iniciativas en el denominado paquete de reconciliación del presupuesto de gastos para el 2022.
Debido a esto muchas organizaciones han venido hasta Washington DC para marchar y exigir un camino a la legalizacion.
Esta instancia, sin embargo, depende del visto bueno de la asesora principal del Senado (Parlamentarian), la abogada Elizabeth MacDonough, quien en dos ocasiones ha desestimado el pedido de los demócratas para incluir ambos planes en el proyecto de ley presupuestario.
Los demócratas barajan en estos momentos un plan C que deja fuera el camino hacia la legalización permanente y lo sustituirían por acciones diferidas de deportación, algo similar a DACA, pero que cuente con el respaldo del Congreso.
“Es la misma gata, pero pintada diferente”, dice Rogelio Núñez, director ejecutivo de Proyecto Libertad, en Harlingen.
«Abbot va a correr para la reelección el próximo año y utiliza la frontera para hacer campaña y conseguir votos”, precisó.
El dirigente dijo además que “algunos políticos emplean la retórica para hablar del tema, pero las cosas no están pasando como ellos las dicen.
Están arrestando a extranjeros no porque sean criminales sino porque son inmigrantes”. A su vez, Teodoro Aguiluz, director del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Houston, dice que la propuesta republicana “es lamentable sobre todo después de haber tenido un avance en los últimos meses con este gobierno (de Biden)”.
«Regresar a la tolerancia cero es volver a días muy angustiosos para nuestras comunidades en general, no solo indocumentada.
Es una amenaza constante.
El peligro está en que no sería nada raro que se vuelva a esos días”, indicó. Además de Texas, el grupo está integrado por los gobernadores republicanos de Arizona, Georgia, Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma y Wyoming.
