Informa: Carlos Armando Alas

(EN NEWS)— Los magistrados sustitutos de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador revirtieron el arresto domiciliario, que los anteriores magistrados habían ordenado para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, y para el extesorero municipal, Fernando Heriberto Portillo.

Los magistrados sustitutos Carlos Alberto Iraheta Zelaya y José Manuel Chávez López validaron los argumentos que la Fiscalía General de la República presentó en una apelación a la medida de arresto domiciliario.

Ambos son procesados por los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias e incumplimiento de deberes.

“El análisis de la presente petición, parte de la exposición de circunstancias que afectan la variabilidad de las razones que sostienen la medida del arresto domiciliario respecto de los imputados aludidos, siendo estas básicamente, la imposibilidad de dar cumplimiento a la misma en virtud de la custodia policial que vigilaría los inmuebles fijados por los encausados…”

“… En segundo lugar , por la coexistencia de otros procesos judiciales seguidos a los mismos imputados en mención, que habilitaría otro tipo de interpretaciones respecto a lo que conformaciones subjetivas anteriores han considerado en el marco de su criterio judicial”, dice la resolución de la Cámara Tercera de lo Penal expuesta en un reporta de Diario El Mundo.

Según este medio informativo, los magistrados también validan el argumento fiscal que señala que tanto Muyshondt y Portillo son procesados por otros delitos, en otros juzgados, a pesar que en dichas sedes judiciales han ordenado arrestos domiciliares.

La Cámara le ordena al Juzgado Octavo de Instrucción que libre oficios para que devuelva las fianzas de $50,000 y $10,000 que los imputados ya habían cancelado.

El 6 de septiembre pasado, los magistrados anteriores que conformaban la Cámara Tercera de lo Penal ordenaron arresto domiciliar para Muyshondt por segunda vez, luego que el 30 de julio la habían ordenado, pero la Dirección General de Centros Penales dijo que no la cumplirían, por no tener brazaletes electrónicos.

En esta segunda orden, los magistrados ordenaron a la policía dar resguardo a la casa donde permanecería con arresto el exedil.

La Fiscalía acusa a Muyshondt y a Portillo por retención y apropiación indebida de preceptos tributarios por más de $275,000 que correspondía pagar la Dirección de Desechos Sólidos, de la comuna capitalina, a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.