(EN NEWS)- El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, aseguró que ya se detectaron 50 casos por incremento injustificado de precios, en todo el país.

“En este momento, tenemos más de 50 casos que están en esta vía de incrementos injustificados de precios, y tenemos más de 155 requerimientos de información”, señaló Ricardo Salazar, presidente de la Defensoría del Consumidor.

Sobre los 155 requerimientos de información solicitados, Salazar dijo que principalmente se han realizado por temas de exoneración de impuestos.

Dentro de las investigaciones también se indagan 150 establecimientos a nivel nacional, principalmente tiendas o negocios mayoristas por incrementos abruptos de precios. Salazar aseguró que en este sector buena parte ha sido gracias a la denuncia ciudadana realizada a través del número de WhatsApp 7844-1482 o al centro de llamadas 910.

El presidente explicó que la denuncia es un procedimiento que tiene como primer paso el reporte del incremento de productos, luego los equipos se acercan y realizan la verificación. La Defensoría compara los precios históricos y evalúan si existió o no un incremento en los precios.

La Defensoría ya realizó 46,000 verificaciones en materia de alimentos y de insumos agrícolas, más de 73,000, si se incluyen las inspecciones a los derivados del petróleo. Se tiene registro de 750,000 precios en todas las cadenas de suministros en su base de datos.

Salazar enfatizó que a través de los casos por incrementos injustificados, los requerimientos de información y las inspecciones, se han interpuesto 39 denuncias ante el Tribunal Sancionador (a cargo de la Defensoría) de las cuales 28 ya fueron admitidas.

Indicó que la admisión de la denuncia significa que el Tribunal ya valoró los elementos iniciales del recurso que presentó la Defensoría, por lo que se cuenta con elementos “suficientes” para iniciar el proceso sancionatorio.

Así que estamos a la espera que el Tribunal pueda imponer las multas respectivas, y estos casos son por dos vías, por un lado tenemos la denuncias contra supermercados… y también tenemos la vía de la no entrega de información”.

Las multas que el Tribunal puede imponer y a las que se pueden ver expuestas las empresas o instituciones, por el incrementos injustificados de precios y por obstaculizar las labores de la Defensoría al no entregar información, pueden ascender incluso hasta los 500 salarios mínimos.

En los últimos tres años, la Defensoría del Consumidor ya recuperó $57.2 millones, casi la mitad de lo recuperado desde el inicio de labores de la institución con un monto que asciende a los $105.9 millones.