Redacción: Alejandro Martínez
(EN News) – Tres dirigentes de Cristosal expusieron esta mañana, en Diálogo 21, su interpretación del tema de la transparencia y el estado de derecho que se vive en el país, en el marco de la campaña para las elecciones de febrero próximo, y denunciado los acosos de la ciudadanía.
Zaira navas, encargada de la Unidad del Estado de Derecho; Rina Monti, jefa de Investigaciones y Ruth Eleonora López, del área jurídica. Todas de Cristosal, expusieron sus puntos de vista y señalamientos del ambiente político.
Rina Monti.
Rina Monti inició la plática señalando que ayer presentaron los resultados de una investigación para conocer como eran las libertades que tienen las organizaciones sociales de operar en el marco de los derechos básicos de expresión, asociación y participación ciudadana.
Señaló que se ha detectado acoso a las personas que son parte de estas organizaciones, amenazas e intimidación a que sigan participando, y lo más grave es el hostigamiento del Estado por el ministerio de Hacienda para obstaculizar su funcionamiento como organizaciones y de esta manera boicotear el trabajo para que dejen de acompañar a las comunidades.
Ruth López.
Ruth Eleonora López, tomó la palabra y dijo que pareciera que se hacen señalamientos contra estas organizaciones que han sido pioneras en las denuncias a los derechos humanos. Añadió que también se han cerrado los espacios de interlocución entre el Estado y las organizaciones para tratar las demandas que se tienen día a día para opinar sobre las decisiones que se toman desde el Estado.
Zaira Navas mencionó que las organizaciones de derechos humanos, de defensa, de los derechos de las mujeres, de desarrollo territorial, han desarrollado un trabajo sumamente importante para las personas en los territorios, y esa desconexión del Estado con las organizaciones que trabajan en el campo, con las poblaciones que están demandando mayor atención de las instituciones.
Zaira Navas.
Añadió que Cristosal trabaja protegiendo a las personas víctimas de desplazamiento forzado, y solo este año se ha atendido a más de 2,300 personas víctimas de desplazamiento, hecho que no solo fue protagonizado por las pandillas, sino por miembros del Estado como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que han pasado de ser garantía de la seguridad a ser acosadores de la población, generando terror y miedo.
Aseguró que varios líderes comunitarios han sido detenidos, en el marco del régimen de excepción, para no tener personas que plantean las demandas de la población o que organicen a la población y esto es “muy grave porque la población está bastante sola”, y esta población se acerca a Cristosal para que atienda sus demandas por violencia, pidiendo protección y asesoría.