Redacción: Alejandro Martínez
(EN News) – La abogada Roxana Córdova del colectivo Justicia Social y Contraloría Ciudadana, pidió a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada en agosto pasado, donde solicitó que los jueces no apliquen el decreto legislativo 803, que le permite a la Fiscalía acusar a los reos en grupos o “clicas”.
“La Fiscalía empezó a solicitar a los jueces, la aplicación total de este decreto, aun cuando existe una demanda de inconstitucionalidad, no tendría que haberlo aplicado”, señaló hoy la abogada.
Roxana Córdova señala que ante el silencio de la sala, ante la falta de valentía de los jueces al aplicar este decreto, han venido al despacho porque el problema es que el ministerio Público con base en este decreto, está pidiendo hasta el al 2025, para que empiece a ordenar los fiscales todos los procesos, , explicó la abogada Cardona a los periodistas.
Roxana Cardona.
Cardona reiteró que su petición a la Sala de lo Comstitucional es que se deje de aplicar el decreto y entregarle a la Fiscalía un plazo donde el proceso de instrucción se suspenda.
El decreto legislativo 803, vigente desde el 25 de agosto pasado, permite hacer juicios masivos a los capturados en el régimen de excepción, y el gobierno señaló que los procesos serán contra grupos de hasta 900 imputados.
También, el decreto permite que la Fiscalía los agrupe por estructuras y que para demostrar la pertenencia a una pandilla tome en cuenta estructura, denominación, funcionamiento, territorio “y otros”.
El colectivo Justicia Social y Contraloría Ciudadana está conformado por más de 200 personas originarias de Santa Ana, quienes tienen familiares detenidos bajo el régimen de excepción que este martes llegaron a la Corte.