El Instituto de Acceso a la Información Pública exige al Ministerio de Defensa brindar información detallada sobre la cuestionada masacre del 30 de Julio de 1974 e intervenciones miltares sucesivas a la UES.

(EN News) Luego de un largo proceso, que comenzó en el 2018, el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) ordenó hoy al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) en 50 días hábiles brindar información sobre la Masacre del 30 de Julio de 1975, intervenciones militares a la Universidad de El Salvador y otras violaciones a derechos humanos de la comunidad universitaria.

Según fuentes de la Universidad de El Salvador si el ministro de Defensa, René Francisco Merino Monroy no cumple esta orden y no remite un informe de cumplimiento de las órdenes del IAIP se iniciará un proceso administrativo sancionatorio.

En específico, el IAIP ordena realizar una nueva búsqueda de información y documentos sobre: Intervención militar del campus central de la UES del 19 de julio de 1972 y la subsiguiente ocupación del campus que se prolongó durante 2 años.

En segunda instancia se pide documentación de la Intervención militar del centro universitario de occidente perpetrada el 25 de julio de 1975 y la subsiguiente ocupación del recinto universitario. En relación a este hecho, también se solicita en tercer lugar, lo concerniente al Operativo militar desplegado en horas de la tarde del 30 de julio de 1975 sobre la 25 Avenida Norte.

El cuarto ítem del que se habla en la resolución es sobre la relacionada con el operativo militar que detuvo la manifestación universitaria realizada el 29 de octubre de 1979, incluidos los asesinatos de los manifestantes realizados a la altura del entonces mercado central.

El punto número cinco solicita también “toda la información relacionada con el operativo militar que capturó a los miembros del Consejo Superior Universitario el 10 de octubre de 1981”.

Se exige por otro lado la búsqueda total de los documentos vinculados a la intervención militar del campus central de la Universidad de El Salvador perpetrada el 26 de junio de 1980 y la subsiguiente ocupación del campus que se prolongó durante 4 años.
Conjuntamente, el dictamen exige la documentación sobre el asesinato (aún impune) del exrector de la UES, Ing. Félix Ulloa (padre del actual Vicepresidente de la República) ocurrido el 28 de octubre de 1980.
Sobre la manifestación del 13 de septiembre de 1988 donde se demanda el aumento presupuestario a la casa de estudios, también sobre ello se exigen los documentos militares.

El ítem número 9 pide información sobre la Intervención militar del campus central de la Universidad de El Salvador perpetrada el 12 de noviembre de 1989 y la subsiguiente ocupación del campus que se prolongó durante 1 año.

Entre 1986 y 1990, los militares establecieron un cerco militar permanente y que estuvo a cargo de la 1º Brigada de Infantería a cargo del Coronel Francisco Elena Fuentes, sobre esto se piden los datos e informaciones.

Asimismo, como punto 11 se pide todo lo concerniente a la desaparición forzada el 1 de septiembre de 1987 de Jorge Salvador Ubao Barrientos, en este punto se exige “toda la información que esté en poder del Ministerio de la Defensa Nacional y todas sus dependencias que permita conocer e interpretar el alcance y resultados de esta captura y el paradero de Jorge Salvador Ubao así como el de los universitarios desaparecidos en el listado anexo”.

Por último, la IAIP mandata la entrega de documentación de otro caso icónico el de la desaparición de María Teresa Hernández Saballos (sin rastro de ella desde el 15 de septiembre de 1979).

En múltiples ocasiones, el rector de la UES, Roger Arias, ha manifestado la necesidad de Justicia y Verdad que tienen las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos, que aún siguen en el imaginario de la institución.

Arias dijo en la reciente conmemoración de 45 años de la Masacre de 30 de Julio de 1975, que se debe recordar y hacer lo posible por llevar justicia a las víctimas, pero también luchar por medidas restaurativas para el Alma Mater como la entrega de excuartel San Carlos a la UES y la asignación de un presupuesto justo pues por años el Centro de Estudios ha sido asfixiada en términos financieros.