La actitud racista del aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el argumento principal de los demandantes en el proceso legal que ha alargado la vigencia del TPS.

(EN NEWS) La decisión de la Corte de desestimar estas acusaciones provocó que los tepesianos apelaran. Pese a los nueve meses de vigencia ganados, el beneficio para más de 200 mil salvadoreños sigue en el limbo.

De acuerdo a agencias de prensa internacional, el futuro de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) está, por el momento, en manos de los jueces del Noveno Circuito, la corte de apelaciones de Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció que se prorrogará la validez de la documentación de los tepesianos de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal.

Sin embargo, eso no significa una extensión del TPS. Solo se está ganando tiempo.

Los nueve meses de prórroga anunciados por el DHS son el resultado de una batalla legal que se ha librado entre el gobierno de Trump y los beneficiarios, en la demanda conocida como Ramos versus Nielsen.

En marzo de 2018, los titulares del TPS de cuatro países y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron una demanda contra el gobierno federal. El argumento principal de la demanda es que la cancelación del TPS es ilegal.

Pues, entre otras cosas, el gobierno no siguió la Ley de Procedimiento Administrativo, actuando por racismo en violación de la Constitución. Así lo explica la Alianza Nacional por el TPS.

“Se nos dio la noticia de que el 9 de diciembre van a publicar la notificación del Registro Federal. Eso extiende automáticamente los documentos: licencia y permiso de trabajo.

Eso significa que los beneficiarios del TPS que representamos bajo el caso Ramos tienen una prórroga automática de su documentación hasta el 4 de octubre 2021”, explicó Cal Soto, abogado de la demanda.

Soto dice que cuando la demanda se encontraba en el primer nivel, que es la Corte Federal, los equipos legales de los tepesianos y el gobierno llegaron a un acuerdo: mientras estuvieran en el proceso de la demanda, se iba a prorrogar cada nueve meses la validez de la documentación.

El anuncio de la prórroga tendría que hacerse 30 días antes de la última fecha de finalización. Esto, mientras el noveno circuito toma una decisión. Ahora, se encuentran en un proceso de apelación.