(EN NEWS)- Fiscalía General de la República pidió al Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, que 11 de los 29 procesados en el caso Saqueo Público sean enviados a juicio, por el desvío de $351 millones de Casa Presidencial en la administración de Mauricio Funes.

Uno de los fiscales del caso afirmó que la acusación que han planteado no solo contra el expresidente Funes, sino contra su exesposa Vanda Pignato, el empresario José Miguel Menéndez Avelar, entre otros, la han sustentado en 2,500 documentos, 114 testigos, más de 21 asistencias internacionales y pericias financieras contables.

La Fiscalía dijo que durante el quinquenio del expresidente Funes Cartagena entre 2009 y 2014, vía presupuestaria de la nación se asignó, $80 millones, pero los procesados aumentaron esa cantidad en más del 300%, equivalente a más de $270 millones para totalizar $351 millones.

Durante la presidencia de Mauricio Funes $351 millones a la partida de “Gastos Reservados y de ahí, el dinero fue trasladado a cuentas de particulares en el Banco Hipotecario, como por ejemplo, a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, y Pablo Gómez, excontador institucional.

Estas personas, “aparentemente movieron ese dinero a través de cheques bajo una completa violación a la normativa administrativa que establece la forma y el manejo de los fondos públicos”, explicó el fiscal.

De esa forma se violentó la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (Ley AFI), el reglamento, el manual de la Ley AFI, que establece la manera de crear cuentas para el manejo de los fondos públicos.

“Sin embargo, ellos –en su momento- ignoran todo esos procesos y abren las cuentas a nombre de estos empleados sin las autorizaciones del Ministerio de Hacienda y una vez que el dinero está ahí, deciden iniciar el proceso de su extracción a través de la extracción de cheques”, subrayó el fiscal.

De esa manera, volvieron a violentar la normativa porque el Código de Comercio establece los requisitos que debe tener un cheque para su validez y dentro de los cuales se encuentra: el nombre de una persona natural y jurídica a favor de quien se libre el cheque, en este caso, deciden extender los cheques bajo un concepto indeterminado, es decir no hay una persona natural ni una persona jurídica a favor de quien se emiten esos cheques y crean una leyenda “gastos operativos”.

“Y a nombre de gastos operativos que no es nada, se extraen $292 millones de los $351 millones, y se los cobran en efectivo. De manera que se apartan del fin público, el dinero que había sido depositado en las arcas estatales para dar inicio a un proceso de lavado.

El lavado de este dinero consistió en el uso del sistema financiero, en el uso de prestanombres o testaferros que sirvieron para encubrir el origen ilícito, el uso de empresas, la simulación de contratos para tratar de dar una apariencia que el dinero era procedente de un contrato o una relación contractual, lo cual no era cierto, explicó.

Dentro de la normativa violentada se establece claramente un proceso para el manejo de los fondos públicos, que debe pagarse mientras exista una obligación exigible y documentada.

En este caso, para extraer esos $351 millones no hay una obligación documentada ni exigible, no hay documentos para generar un compromiso que este dinero sale porque se va a pagar X o Y servicios o bienes.

“La Fiscalía al cierre de esta audiencia, se encuentra convencida de que ha establecido sus pretensiones y se encuentra convencida de que la resolución será acorde de la posición fiscal que es pasar a un juicio y obtener una sentencia condenatorio”, sostuvo el fiscal.