(EN NEWS)- El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, otorgó arresto domiciliar a la exministra de Salud, Violeta Menjívar y a Erlinda Handal Vega, exviceministra de Tecnología, acusadas de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General de la República, Violeta Menjívar en su calidad de funcionaria del expresidente Mauricio Funes recibió $177,000 en concepto de sobresueldos y Erlinda Handal Vega, $162,000.

Ambas son procesadas junto a otros ocho imputados que estuvieron en diversas instituciones públicas, entre ellos figura el prófugo expresidente Salvador Sánchez Cerén, señalado de haber recibido $530,000 en concepto de sobresueldos en su calidad de vicepresidente de la República entre los años 2009 al 2014.

A finales del año pasado, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo, salió con medidas alternas a la detención en una audiencia especial y solo quedan en prisión en el penal de Mariona, el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández.

Mientras que tienen calidad de prófugos con orden de captura, el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suarez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.

El ministerio público cuando judicializó el caso, dijo que con la autorización de Mauricio Funes, los 10 exfuncionarios recibieron dinero de forma ilegal entre los años 2009-2014. La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía ha dicho que el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente es $2,643,000 y al haberlo ingresado al sistema financiero y utilizado en otras transacciones cometieron el delito de lavado de dinero.

La actividad ilícita que el ministerio público atribuye a los procesados es la apropiación de fondos públicos mediante los cobros mensuales adicionales que reclamaban pese a que como responsables de diversas secretarías de Estado tenían su salario mensual base.

La acusación está fundamentada por la representación fiscal con recibos de cobros que van desde los $150,000 hasta los $565 000 que supuestamente los imputados percibieron en el mandato presidencial de Mauricio Funes.

Una pericia financiera en el expediente, confirma según la Fiscalía, la sustracción de fondos de manera ilegal desde la cuenta subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República, ese dinero había sido asignado a la partida de gastos reservados.