Vecinos de una colonia en Soyapango denunciaron que el miércoles, una mujer de 65 años murió en las afueras del Hospital Rosales mientras esperaba ser ingresada por sospecha de COVID-19.

(EN News) De acuerdo a una publicación del Diario Colatino, los denunciantes aseguraron que las autoridades hospitalarias no dejaron entrar a la ciudadana, quien murió en el taxi donde realizaba la espera.

Personal de un Hospital Nacional confirmó que “debido al colapso, falta de camas y tanques de oxígeno muchos pacientes sospechosos de COVID-19 deben esperar cerca de dos días en los parqueos para ser atendidos”.

En sus redes sociales, el doctor Carlos Ramos Hinds cuestionó al Ministro de Salud, Francisco Alabí: “Con todo respeto, ¿Es cierto que hay una indicación suya de no aceptar pacientes mayores de 65 años en el Gran Hospital El Salvador?”.

Al respecto, Francisco Espinoza relató que” no solo allí no están atendiendo a pacientes mayores, en todos los Hospitales del ISSS y Red Pública”. “Ayer (el miércoles) no recibieron a mi abuela, por no tener ni sillas de ruedas para ponerle un suero. Un conocido que trabaja en un hospital público me confirmó que tienen indicaciones de no recibir a mayores de 65 años”, agregó Espinoza.

Sin saber de sus familiares

En otra denuncia, la familiar de una paciente de 72 años, con ingreso por sospecha de COVID-19, explicó al periódico vespertino que la llevaron al Hospital Zacamil el pasado sábado porque sentía dificultades para respirar y les dijeron que se quedaría, y luego les dieron un número de teléfono para preguntar por ella durante las próximas horas”.

La familiar manifestó que 4 días después, al llamar a ese número, un supuesto médico explicó que su familiar tuvo complicaciones, habla, pero tienen un respirador artificial y fue trasladada por tanto al Hospital Amatepec en Soyapango.

Posteriormente, tras varias llamadas sin respuesta, no saben dónde está su familiar, o si está con vida, tras 8 días de ingreso. Lo último que se supo fue que no le había realizado la prueba de PCR para diagnósticar el COVID-19 y la incertidumbre se apodera hoy día de toda la familia.

Un enfermero del Hospital MQ confirmó que muchos pacientes, con otras patologías, mueren en la Red de Hospitales Nacionales sin informar a sus familiares porque son muchos casos, debido a la saturación por pacientes con COVID-19.

Denuncian despido de personal de salud tras recuperarse de COVID-19

En otro orden ha trascendido que dos enfermeras e igual número de doctoras que a principios de mayo se contagiaron de COVID-19, luego de haberse presentado tras su recuperación, a tres de ellas les
fueron entregadas sus cartas de despido el pasado 30 de junio en la clínica empresarial de Casa Presidencial.

Según información de El Diario de hoy una más se presentó días antes a laborar pero el mismo día 30 también le pidieron que firmara el documento en el que se hacía ver que ella renunciaba a su trabajo, consigna una información de un periódico matutino de El Salvador.

Todas las empleadas se contagiaron de COVID-19, fueron hospitalizadas o puestas en cuarentena; cuando volvieron, ya recuperadas, ya les tenían lista la carta de renuncia para que la firmaran.

Sin embargo, esta última enfermera se negó a firmar tanto el documento de renuncia como el finiquito para Casa Presidencial en el que se hacía constar que su titular u otro funcionario de la misma no tenía ninguna responsabilidad “moral, material o de ninguna otra índole”.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, la enfermera que se negó a firmar su renuncia se presentó el miércoles y jueves a su trabajo, en la clínica empresarial, de la cual la sacan a la fuerza.

Según el relato de una de las afectadas a EDH, ellas se contagiaron mientras atendían a personal de CAPRES sin tener los insumos de protección adecuados. “Nos los dieron pero para entonces ya era demasiado tarde. Todas nos habíamos contagiado”, dijo una afectada.

Tres de ellas fueron hospitalizadas y lograron superar la enfermedad. La primera en ser diagnosticada sólo fue tratada en un centro de contención. También fue la primera en recuperarse. Ella regresó a trabajar el 8 de junio.

Mientras las dos enfermeras y las dos doctoras estaban con incapacidad médica, Casa Presidencial contrató a otro personal médico para suplir a las infectadas.

El 29 de junio cuando la otra enfermera y las dos doctoras se presentaron a trabajar, les dijeron que al siguiente día tendrían una reunión con la gerente de Recursos Humanos.

Fue el martes 30 de junio cuando personal de Recursos Humanos les dijo que tenían que firmar sus cartas de renuncia y los finiquitos porque a partir de ese día, ya no trabajaban para CAPRES.

Las cuatro suplicaron que no les quitaran sus trabajos, que si ya no las querían en la clínica, que las reubicaran donde fuera pero que no les dieran ese golpe, pues afuera y con la pandemia, les sería difícil hallar trabajo. Fue en vano.

De acuerdo con las fuentes, en el finiquito dice que es por supresión de los puestos de trabajo, sin embargo, eso no es cierto porque la clínica sigue funcionando con el personal contratado mientras ellas estaban recibiendo tratamiento médico.

De acuerdo con las fuentes, las cuatro despedidas fueron al Ministerio de Trabajo en busca de ayuda, pero allí les dijeron que no podían hacer nada. “Prácticamente lo que nos dijeron es que por tratarse de Casa Presidencial, no podían hacer nada”, afirmó una de las despedidas.

Las fuentes citadas por el matutino dicen que todas se contagiaron haciendo su trabajo, por lo que encuentran injusto que las despidan precisamente cuando ya estaban recuperadas y retomaban sus labores con más confianza y con más seguridad, pues una de ellas dijo que, por lo menos para tres meses, tenían inmunidad contra el virus.

Esos contagios en la principal sede del Gobierno no han sido los únicos, ya que esta semana se supo que el secretario jurídico, Conan Castro, es positivo a COVID-19, pero que “ya está saliendo de la enfermedad”.