Por Alessia Genoves
(EN News) – El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ha iniciado la apertura a juicio del caso Asocambio, en el que se procesa al exministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y otras 20 personas más, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer delitos como peculado, falsedad material y cohecho impropio en perjuicio del Estado y en beneficio de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
Paralelamente, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ya ha establecido sanciones económicas por $9,733 contra Ramírez Landaverde, al considerar probadas infracciones éticas relacionadas con su participación en Asocambio mientras fungía como ministro.
#Audiencia I A los procesados se les imputan los delitos de Cohecho Impropio, Falsedad Documental Agravada, Peculado y Actos Arbitrarios.
En el caso, se encuentran vinculadas 13 personas más que se aprovecharon del dinero, a través de pagos ilegales de horas extras. pic.twitter.com/We678vpaLz
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 10, 2023
Apertura a juicio Asocambio
Según lo expuesto por la representación de la Fiscalía General de la República (FGR), en audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador, el caso Asocambio involucra a 21 imputados que serán procesados bajo cargos como “cohecho impropio, falsedad documental agravada, peculado y actos arbitrarios”, de acuerdo con lo prescrito en el Código Penal de El Salvador.
Los señalados habrían participado en el desvío de más de medio millón de dólares de las arcas del Estado, durante el periodo comprendido entre el último semestre de 2018 y julio de 2019, lapso en el que Mauricio Ramírez Landaverde se desempeñó como titular de la cartera de Seguridad Pública y Justicia.
#Audiencia I Este día, 21 personas enfrentarán Audiencia Preliminar en el caso #ASOCAMBIO, acusados de desviar medio millón de dólares del Estado durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
Entre los procesados hay 8 exfuncionarios vinculados al desvío de fondos… pic.twitter.com/5TcdHd8lK3
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Según expuso la FGR, el mecanismo utilizado para desviar los fondos públicos fue «la creación de una entidad, llámese en éste caso Asocambio, en la cual tanto el ex-ministro de Seguridad y Justicia como personas allegadas a él, que también eran empleados públicos, decidieron constituir una asociación de carácter privado».
De este modo, «en su doble calidad, pasaban fondos desde las tiendas institucionales a Asocambio, con la única intención de poder ayudar a los privados de libertad. Sin embargo, ésta ayuda hacia los privados de libertad nunca se dio. Es decir, todos los bienes y activos que pasaron de las tiendas institucionales únicamente benefició a Asocambio», agregó la representación fiscal.
Entre los procesados en el caso se encuentran 8 exfuncionarios vinculados al desvío de fondos de las tiendas penitenciarias, así como 13 personas más que presuntamente se beneficiaron de este dinero mediante pagos ilegales de horas extra.
Landaverde sancionado por el TEG
Paralelo al proceso penal en curso, el TEG ya estableció sanciones económicas por $9,733 contra el exministro Mauricio Ramírez Landaverde, al considerar probadas infracciones a la Ley de Ética Gubernamental (LEG) relacionadas con su participación en Asocambio mientras fungía como funcionario público.
El TEG determinó que Ramírez Landaverde infringió el artículo 6 letra g) de la LEG, que prohíbe «aceptar o mantener responsabilidades en el sector privado» mientras se ejerce un cargo público, por lo que le impuso una multa de $4,866.
Asimismo, se le encontró responsable de violar el artículo 5 letra a) de la LEG, al haber autorizado «la transferencia de fondos y bienes de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) a la mencionada asociación privada que él mismo presidía», según el Tribunal. Por esta infracción se le sancionó con el pago de $2,433.
El TEG determinó que existió conflicto de intereses, pues Ramírez Landaverde antepuso un supuesto beneficio personal o de la asociación por encima del interés público. Aunque la defensa alegó que actuó en cumplimiento de recomendaciones de la Corte de Cuentas, el Tribunal consideró probado el uso indebido de recursos estatales.